Venezuela debe poner fin al uso partidista de la justicia, según experto

Diego García-Sayán exhortó a todas las instituciones estales a “respetar, promover y garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura, así como a que jueces y fiscales del país mantengan su independencia ante presiones indebidas y respeten la Constitución y los tratados de derechos humanos”.

Específicamente, García-Sayán manifestó su preocupación por las presiones que ejerce el sistema judicial contra la oposición liderada por Juan Guaidó, “presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del país por decisión de la misma”.

El relator considera que las decisiones y presiones que sufre Guaidó “son inaceptables” y expresó su desacuerdo con la apertura de un proceso, actualmente en curso, contra el líder opositor, “ya que podrían tener una finalidad política”.

El experto resaltó que las declaraciones efectuadas el pasado 29 de enero por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, donde solicitó el inicio de la pesquisa contra Guaidó podría afectar a su presunción de inocencia, “al dar a entender que éste habría cometido actos ilícitos sin que estuviese en marcha una investigación al respecto”.

Seguidamente destacó que “una administración de justicia equitativa, independiente e imparcial” demanda una fiscalía que promueva sus tareas de un modo “ecuánime y evitando todo tipo de discriminación política”.

Del mismo modo, recordó que ante el derecho internacional “el Estado no dispone de un margen de absoluta discrecionalidad y debe, por lo tanto, organizar su aparato estatal de tal modo, que éste sea compatible con sus obligaciones internacionales de garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

Por último, García-Sayán destacó que, de acuerdo a los tratados suscritos por Venezuela, la nación sudamericana está obligada a instaurar “todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole que sean necesarias” para establecer “un poder judicial independiente e imparcial y la adecuada administración de la justicia”.