Tommy Galán afirma por mantener jurisdicción privilegiada es el único legislador activo en el expediente de Odebrecht

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán, afirmó que por haber mantenido una jurisdicción privilegiada es el único legislador activo que está en el expediente de Odebrecht.

“Es un contrasentido, es ilógico, son trámites que se dan en un proceso bicameral. Se han establecido una serie de argumentos que lo que establecen es una ignorancia total de la metodología congresual, de las competencias del Congreso Nacional, de la Constitución y del papel del congresista frente al conocimiento”, expresó.

El senador sancristobalense explica que en las acusaciones en su contra, como ha podido demostrar su barra de la defensa, no hay ningún elemento o prueba concreta, ni objetiva, que pueda comprometer su responsabilidad civil o penal, y asegura que no va a aparecer porque el hecho como lo quiere plantear el Ministerio Público, es inexistente.

Dijo que está culminando una etapa preliminar del proceso, que este lunes inicia la réplica y contrarréplica, donde, de acuerdo a la programación de las audiencias será el juez quien decidirá qué tiempo requiere para fines de decisión, y en función de eso ya se pudiera establecer un juicio de fondo o se materializaría el no a lugar.

“A pesar de la pesadilla que ha representado para mí y para mi familia toda esta situación, en la que ya nos acercamos a dos años, no dejo de estar tranquilo y confiado en base a las demostraciones documentales que hemos presentado… como dice el Ministerio Público: sin pruebas no hay acusación”, expresó al ser entrevistado por Julio Martínez Pozo en el programa Toque Final, que se transmite los domingos de 10 a 11 de  la noche por Antena 7.

Dijo que se ha demostrado que el Ministerio Público manipuló y tergiversó una traducción en portugués al español y se limita a decir yo pienso, yo creo, o asuntos aéreos, tras destacar, que esa es la delación que plantea Marcos Vasconcelos, que según afirma, en ningún caso es algo concreto.

En ese sentido, precisa que cuando se plantea el aspecto congresual lo que se pone es el cuadro de la Comisión de Hacienda que agrupa alrededor de 15 senadores, que involucra a siete senadores que nunca han sido miembros de esa comisión, y es a partir de ese momento que el Ministerio Público empieza a hablar de enriquecimiento ilícito.

“Para sustentar esta teoría plantea  la construcción de un entramado de empresas societarias que yo no declaré. Aquí el Ministerio Público se refiere a cinco empresas, tres de ellas que no fueron declaradas porque no existían, y no se puede declarar lo que no existe… y en ese caso, inobservó las certificaciones del registro mercantil, porque ahí se habla de una empresa familiar en la que yo participé durante diez años de mi vida, desde los 18 hasta los 28, donde los últimos años fui subgerente general y accionista”, manifestó.

Dice que el Ministerio Público plantea que hubo empresas que no declaró, entre ellas una que nunca operó y la llamada “Galán Gullón y Montás” que según informó es una empresa de su hermano y su esposa quienes la fundaron en el 2008 y lo colocaron como accionista, proceso que duró siete meses. “Yo hacía un aporte a través de una maquinaria, pero pronto salí, yo no soy socio de esa empresa, pero el Ministerio Público insiste en que es mía”.

Reitera que esa empresa no es de él y que todas esas certificaciones están en manos del Ministerio Público porque él  las depositó, pero fueron inobservadas.

Asimismo, destaca que dicen que reflejó un crecimiento injustificable de un 64% durante el periodo 2010-2016. “Con ligereza y hasta con temeridad, porque como alguien puede establecer que un crecimiento económico patrimonial de una persona se convierte en una situación que comprometa su responsabilidad civil o penal… es peligroso porque se está dejando un precedente ahí que afecta a cualquier ciudadano”.

Precisa además, que se ha limitado a los argumentos, arqueos, y a las mismas informaciones certificadas en las que el Ministerio Público está sustentando su acusación, para convertirlas, desmontarlas y establecerlas como pruebas a descargo a su favor.