Luego de saludarle cortésmente, nos place reconocer sus ingentes esfuerzos por la búsqueda de un consenso posible entre todos los sectores representativos de la sociedad, para establecer un marco jurídico acorde a la Constitución de la República y la Ley General de Migración No. 285-04, en la búsqueda de la solución a los graves problemas que puso en relieve la sentencia 168-2013, sobre la nacionalidad, la migración y la falta de documentación de extranjeros y de sus hijos.
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es de opinión, al igual que amplios sectores nacionales y de la comunidad internacional, que la situación en que se encuentran los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en nuestro territorio, tiene ribetes de un drama humano para estas personas y su descendencia, a pesar de que la Ley General de Migración No. 285-04 había previsto un plan de regularización, cuyos ejes habían sido cuidadosamente establecidos en su articulo 151.
Nuestra Carta Magna enfatiza en su artículo 5 sobre “la indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas”. El régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería se encuentran entre aquellos puntos que para ser modificados, nuestra propia Constitución establece en su artículo 272 que deben ser objeto de un referendo aprobatorio. No obstante, la sentencia 168-2013 emitida por el Tribunal Constitucional se convierte en una seria y profunda iniciativa de Estado que señala e identifica, por primera vez en nuestra historia, las graves fallas en el manejo del tema de la nacionalidad en base al principio del Jus Solis, obligando a las autoridades y a la sociedad dominicana en sentido general, a poner especial atención a los temas de migración y nacionalidad en nuestro Plan de Nación, y definir una política de Estado con relación a nuestros vecinos haitianos.
Nuestra línea de pensamiento ha sido históricamente coherente sobre el respeto a nuestras normativas legales. Ha sido público nuestro apoyo a la Constitución, a la Ley General de Migración No. 285-04, a la sentencia 168-2013 del Tribunal Constitucional, y luego de su visita a nuestra residencia el 26 de Marzo pasado, expresamos igualmente nuestra aceptación a la Ley 169-2014 sobre Naturalización Especial, por entender que era oportuna en el marco de nuestra Constitución.
Sin embargo Señor Presidente, ante el Decreto Presidencial 250-14 que establece el Reglamento de Aplicación para la Ley 169-2014, en nombre del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y después de haber sostenido múltiples reuniones y encuentros con importantes juristas, abogados constitucionalistas y expertos en materia de migración, así como diversos representantes de organizaciones de la sociedad civil, me permito hacerle las propuestas y recomendaciones que se anexan a la presente comunicación, con el único y sano propósito de reestructurar y adecuar el referido Reglamento y hacerlo coherente a los intereses nacionales, porque al final de cuentas, este es un problema de la dominicanidad, que nos compete a todos y con el que debemos estar comprometidos al éxito de su ejecución.
Llamamos la atención de Su Excelencia, en el sentido de que la solución a la problemática de nuestras relaciones con el vecino país no se limitan exclusivamente al tema migratorio, y le exhorto a que aprovechemos la ocasión de la sentencia 168-2013 del Tribunal Constitucional y de la Ley 169-2014 sobre Naturalización, para elaborar un Plan Estratégico de Nación que otorgue un capítulo especial al tema de nuestras relaciones con Haití, para que sea parte de nuestra agenda nacional y del cual sean compromisarios los gobiernos por venir.
Me permito sugerirle que ese Plan Estratégico debe ser analizado entre todos los sectores de la sociedad dominicana antes de discutirlo con nuestros vecinos, porque no podemos ir a consensuar con ellos lo que no hayamos acordado primero nosotros, con la debida coherencia y uniformidad.
Entendemos que ese Plan Estratégico debe incluir los siguientes puntos para ser cumplidos en ambos lados de la frontera:
– Control y Seguridad de la Zona Fronteriza
– Desarrollo de la Zona Fronteriza
– Relaciones Comerciales Bilaterales
– Desarrollo del Mercado Bi Nacional
– Manejo y Control de las vías de comunicación terrestre (Carretera Internacional)
– Desarrollo de la Producción Agrícola e Industrial en la Zona Fronteriza
– Desarrollo del Turismo Fronterizo; y un marco de cooperación sincera entre ambas naciones
Por último, señor Presidente, en ocasión a la oportuna defensa que hiciera usted en el Foro de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Centro Americanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Cuba a principios de este año, permítame sugerirle que tenga a bien reiterarla ante la Asamblea General de la ONU que se celebrará el próximo mes de Septiembre, en el sentido de que los dominicanos no podemos seguir cargando solos con el peso de los problemas sociales y económicos de nuestros hermanos y vecinos Haitianos. Históricamente les hemos brindado todo nuestro apoyo solidario. En ocasiones, más allá de nuestras posibilidades como país con grandes limitaciones económicas.
Es necesario que la Comunidad Internacional entienda que estamos buscando una solución a los problemas migratorios de Haití, pero sin perjudicar jamás los intereses de nuestros nacionales y sin violar nuestra Constitución ni nuestras Leyes.
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Ayudar a buscar las soluciones de los graves problemas de nuestro vecino país, debe ser una responsabilidad de toda la comunidad internacional, no solamente de los Dominicanos. En ayudar, hemos sido los primeros y los que más, pero no podemos ser los únicos.
Con sentimientos de alta estima y personal consideración, aprovechamos la ocasión para saludarle.
Propuestas del Ing. Miguel Vargas, Presidente del PRD, al Presidente Danilo Medina sobre el Decreto 250-2014 que establece el Reglamento de Aplicación a la Ley 169-2014 sobre Naturalización Especial
1.- Que conforme a lo establecido en el artículo 151 de la Ley General de Migración 285-2004, así como a la Ley 169-2014 y al Decreto 250-2014, el referido Reglamento contenga un Protocolo de Aplicación que esté supervisado por una Comisión de Monitoreo y Evaluación de todos los casos sometidos al proceso de naturalización y regularización, a los fines de exigir el más estricto cumplimiento, con una política de transparencia, justicia y sanidad de todos los casos.
2.- Que la referida Comisión de Monitoreo y Evaluación esté compuesta por un Representante de la Iglesia Católica, cinco representantes de la Sociedad Civil designados por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO), Participación Ciudadana (PC) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), un Representante de las Iglesias Evangélicas, un Representante de la Comisión de los Derechos Humanos (CDHH), tres Representantes de los Directores de Medios de Comunicación y un representante por cada Partido con presencia en el Congreso Nacional.
3.- Que la Dirección Ejecutiva que establece el Decreto en su artículo 6, además del Vice Ministro de Interior y Policía que designe el Ministro, para los fines de las investigaciones pertinentes, se haga asistir del Departamento de Inspectoría de la Junta Central Electoral y del Ministerio Público.
4.- Que los trabajos de la Unidad de Aplicación se clasifiquen en tres categorías:
– Manejo de los casos de hijos de extranjeros inscritos en el Registro Civil
– Manejo de los casos de hijos de extranjeros nacidos en el territorio nacional no inscritos
– Manejo de los casos de extranjeros en conflictos con la ley
5.- Que la Dirección Ejecutiva y la Comisión de Monitoreo y Evaluación preparen de manera conjunta un programa de trabajo y requisitos exigibles para cada caso en particular.
6.- Que se establezca un Procedimiento para otorgar el permiso a cada extranjero sobre la categoría o sub categoría migratoria, dependiendo del arraigo demostrado en el historial depositado ante la Unidad de Aplicación.
7.- Que en el período de los primeros tres meses de trabajo, la Comisión de Monitoreo y Evaluación rindan un Informe Público al Presidente de la República y a las Cámaras Legislativas con los detalles de la marcha del proceso.
8.- Que a los fines de probar su condición de extranjero (a), se incluya entre los Medios de Prueba, la solicitud de un documento de identidad personal del país de origen, de por lo menos uno de los padres del solicitante, y con esto se demuestra que el Estado Dominicano no genera la condición de apátrida como falsa e injustamente se nos acusa ante organismos internacionales.
9.- Que el Poder Ejecutivo declare en Estado de Alerta y ordene el reforzamiento de toda la seguridad en la zona fronteriza, durante el período que dure el proceso de regularización de extranjeros para evitar la masificación de inmigrantes ilegales queriendo aprovecharse irregularmente de este proceso.
10.- Que luego de la culminación del Proceso de Regularización y Naturalización, se realice un “Pacto por el Control y Desarrollo de la Zona Fronteriza” entre todas las fuerzas sociales, políticas y económicas de nuestro país.
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