DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Debido a la crisis del coronavirus, la República Dominicana ha estado sometida a un conjunto de medidas que limitan el ejercicio pleno de los derechos que ostentan los ciudadanos. Por primera vez en nuestra historia, al igual que otros países, hemos aceptado de buena gana las limitantes a la libertad de tránsito, conscientes de que solo así podremos asegurar la salud hacia el futuro.
La legalidad de estas medidas se sustentan en el Estado de Emergencia aprobado por el Congreso Nacional, en el marco de la Constitución y las leyes, pero la legitimidad de las mismas solo puede emanar de la calidad moral de las autoridades que la aplican, porque es la única garantía de que la represión no se haga necesaria para cumplir las medidas adoptadas.
No es casualidad que los países que han sido más exitosos en el combate al coronavirus, tienen en común altos niveles de confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes, ya sean locales o nacionales. El liderazgo de cada demarcación tiene la responsabilidad de guiar a sus municípes teniendo como punto de partida las recomendaciones que emanan de los expertos y el respeto a la legalidad, porque sólo la suma de las voluntades y el grado de civismo nos permitirán salir pronto de esta situación.
En ese contexto, es lamentable que ciertos elementos quieran imponer una especie de terrorismo político, aprovechándose de forma casi criminal de las necesidades de algunas personas y pongan en riesgo los avances para contener esta pandemia, así como el desarrollo social y económico que tanto esfuerzo han costado a los actores de la sociedad.
Así concebido, el terrorismo puede ser practicado por diversos actores políticos, individuales o colectivos. Más aún, en una situación como la actual, en la que los Gobiernos dependen tanto de su credibilidad para poder ejercer su función de garantes de la salubridad y la vida de millones de ciudadanos, cualquier atentado contra la legitimidad por parte de los actores políticos en el ejercicio de las funciones públicas, así cómo de los actores sociales, es un atentado flagrante contra la estabilidad misma del país.
No se pueden permitir acciones que busquen instalar un sentimiento de caos en la ciudadanía, porque es difícil apelar a la unidad del pueblo, al cumplimiento de medidas que son difíciles para todos, si al mismo tiempo, se generan caldos de cultivo para la desobediencia en algunas comunidades.
El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo. No ha buscado excusas para no cumplir con su responsabilidad, por el contrario, ha comprendido el peligro inminente para la salud de la población y la vida de todos y todas y ha tomado las acciones más apropiadas y que demandan las circunstancias. No se le ha quitado importancia a los hechos ni se ha dejado de reconocer errores cuando se han cometido; como gobernantes hemos hecho autocrítica y siempre hemos puesto sobre la mesa la transparencia de nuestros actos.
Pero de ahí a aceptar la maledicencia, el engaño, la alevosia e ignorancia de otros actores del espectro político, que ponen sus objetivos electorales por encima de las necesidades de las personas, raya en la más cruenta irresponsabilidad y barbaridad política. Hay personas que creen que las instituciones de la democracia se gestionan desde la ignorancia de los demás, pero debemos negarnos a esa concepción del favor del pueblo.
Los líderes no pueden anteponer sus intereses a los colectivo de la población, de toda la sociedad, ni mucho menos escudarse en la mediocridad para manipular a los ciudadanos. No hay duda de que las urnas castigarán esas actitudes.
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