Distrito Nacional, República Dominicana.-.
Las denuncias sobre el supuesto uso de los fondos del Estado en la campaña electoral no serán nuevas y siempre serán advertidas.
Esta preocupación forma parte del folklore político.
Se exige una mayor regulación y vigilancia de la Junta Central Electoral en el correcto respeto de la ley para que haya igualdad en la competencia para las alcaldías en los comicios de febrero y para las diputaciones, senadurías y la presidencia en el certamen de mayo.
Esta responsabilidad debe ser también asumida por los partidos de oposición y por la ciudadanía comprometida con el fortalecimiento de la democracia y del orden institucional.
Desde el Gobierno, en poder del Partido Revolucionario Moderno, debe venir el mayor compromiso en el respeto de la ley y en cuanto al cumplimiento del uso correcto y transparente de los fondos públicos.
La aberración del poder no puede permitirse a ningún funcionario, no importa el rango ni la cercanía con el presidente Luis Abinader.
No puede tolerarse que la intolerancia de la politiquería contamine el libre ejercicio de una campaña electoral decente y participativa, en un escenario en el que se garantice que la ciudadanía tenga la capacidad y calidad de ejercer el voto de acuerdo a sus convicciones e intereses, nunca bajo un ambiente de terror o por la amenaza de que sus derechos fundamentales pudieran verse en peligro antes y después de los comicios de febrero y mayo.
El panorama electoral actual se torna complejo, principalmente por la contaminación en el proceso que constituye la reelección del presidente Luis Abinader.
La lucha política parece descarnada y sin el escrúpulos éticos para el adecentamiento de la democracia. Las descalificaciones y las indelicadezas son propias de pronunciamientos de partidos y sus dirigentes, al margen de que la vida institucional deberá continuar después de los procesos electorales, por cuya razón debe primer el respeto en el debate y en el uso de los fondos públicos.
Pero no sólo desde el Gobierno se debe ser cuidadoso en la administración del erario, sino también de parte de los ejecutivos en las alcaldías que reciben partidas del Presupuesto, quienes tampoco pueden atreverse a financiar sus propias campañas para continuar en sus cargos después de febrero.
La Junta Central Electoral debe velar y exigir un ambiente adecuado para una adecuada renovación en las autoridades del Estado.
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