Proyecto de ley fijará tope a precios de vehículos exonerados a diputados y senadores

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Los diputados Fidel Santana y Besaida González introdujeron el pasado jueves un  Proyecto de Ley que Modifica la ley No. 57-96 Sobre exoneraciones de impuestos, tributos, contribuciones y gravámenes para los vehículos de motor importados por Legisladores.

El proyecto busca  modificar el Artículo 2 de la Ley 57-96, que otorgó a los senadores y diputados el privilegio de traer al país cada dos años cualquier vehículo de motor, sin ninguna limitación de precio y libre de pago de impuestos y tasas aduanales, para que el valor exonerado sea aplicable, sobre los vehículos importados cuyo precio de fábrica en el país de procedencia sea equivalente o inferior al monto de cincuenta mil dólares (US$50,000.00).

Además, el proyecto propone reducir a una sola exoneración durante los cuatro años del periodo legislativo y establece que el vehículo exonerado no podrá ser transferido sino después de un período de cuatro (4) años de haber sido importado.

La iniciativa está motivada en que la ley de exoneraciones, desde su aprobación en 1966, había  estado sujeta a topes de vehículo con un costo por debajo de los tres mil dólares, aumentándose, ocho años más tarde, a la suma límite de cinco  mil dólares y, para el año1978, dicho tope aumenta hasta seis mil dólares:

Propone el proyecto que la Ley 21-87, de fecha 9 de marzo de 1987, establecía un límite máximo de US$18,000.00 (dieciocho mil dólares) para los vehículos que dicha ley exoneraba de toda clase de impuestos o gravámenes, en favor de cada legislador (senador o diputado), mientras que la ley 56 del 1996, dejó sin límites la exoneración para la importación de vehículos a los legisladores.

Fidel Santana, diputado nacional por el Frente Amplio, estableció que al no tener topes, la ley de exoneraciones de vehículos a los legisladores se ha distorsionado y es usada para la importación de vehículos de lujo, como son Rolls Royce, Lamborghini, Porsche, Bentleys, Mercedes Benz y Ferrari, los cuales alcanzan valores, sin salir de aduanas, que llegan hasta a 10 millones de pesos,  dejando de pagar impuestos por valores entre tres y siete millones pesos cada uno.

“Este proyecto se propone superar la situación legal por medio a la cual  el Estado ha sacrificado cientos de  millones de pesos en virtud de las exoneraciones concedidas a los legisladores, que han servido para que importadores de vehículos de lujo evadan los impuestos correspondientes a la importación de vehículos de lujo”, afirmó Fidel Santana.

Dijo, además, que la ciudadanía valora que los legisladores reciben un privilegio abusivo, al ser favorecidos con una exoneración abierta cada dos años, en un país con muchas demandas sociales ávidas de ser atendidas con los recursos que la importación de vehículos de lujo generarían y que dejan de entrar al fisco cuando dichos automóviles ingresan al país utilizando las exoneraciones de legisladores.

Santana afirmó que muchos ciudadanos a los que, como representantes suyos debemos prestar atención, consideran que el otorgamiento de una exoneración cada dos años a los legisladores violenta el principio de no legislar para beneficio propio y se convierte en un privilegio contrario a la Constitución de la República.

Se estima  en alrededor de mil millones de pesos el dinero que el Estado deja de recibir en cada período legislativo por concepto de no cobro de las importaciones de vehículos para los legisladores, muchas de las cuales terminan en las manos de empresarios que las utilizan para importar vehículos de lujo, evadiendo el pago correspondiente.

Santana afirmó que el dinero que evaden los importadores de vehículos de lujo, junto a más de 125 mil millones de pesos de exoneraciones fiscales a grupos de poder económico cada año, para importar combustibles y por concepto diversos, junto a los mecanismos de evasión que existen, impiden que pueda ser superado el alto déficit con el que se manejan las finanzas públicas.

Afirman los legisladores que es hora de que el Congreso de la República haga un aporte al país, modificando una ley que otorga un privilegio que es contrario a la precaria situación material en la que viven los dominicanos y dominicanas.