Procuraduría someterá a investigación informe de comisión sobre Punta Catalina

SANTIAGO, República Dominicana.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció que someterá a una investigación el informe presentado por una comisión designada por el presidente Danilo Medina para evaluar el proceso de licitación de las plantas de carbón de Punta Catalina, en la provincia Peravia, y en el que se precisa que son construidas con un costo inferior del 6 por ciento del monto de otras obras similares en Latinoamérica, además de que no se detectaron irregularidades en la licitación realizada por el Gobierno.

“Esperamos recibir el informe, lo evaluaremos y lo someteremos a lo que son nuestras propias investigaciones, utilizando como referencia lo que allí se contempla”, indicó el jefe del Ministerio Público al ser cuestionado por periodistas luego de encabezar un encuentro con autoridades y propietarios de negocios en esa provincia.

Aseguró que la Procuraduría General podría profundizar las investigaciones en caso de que sea necesario, luego de evaluar el contenido del informe preparado por la comisión coordinada por monseñor Agripino Núñez Collado.

En el encuentro con el procurador Alain Rodríguez estuvieron la gobernadora de Santiago, Aura Toribio, el alcalde Abel Martínez; el director general de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes; el director regional del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911), Alvys de Jesús Pellier; la fiscal Luis Liranzo y la procuradora de Medio Ambiente de la localidad, Miriam Morel.

Contenido del informe

La comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar el proceso de licitación y construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina concluyó que el proceso de licitación de la obra se hizo conforme a las leyes nacionales y que no hubo fraude ni sobrevaluación de la obra.

En su informe se indica que el precio las plantas está dentro de los parámetros internacionales para la con construcción de plantas de ese tipo, tanto en Estados Unidos como en Europa, incluso podría estar hasta un 6% menos que el de obras similares en la región.

Sin embargo, se recomendó que Procuraduría amplíe las investigaciones en torno al tema de los sobornos en el Congreso Nacional para el financiamiento de la obra cuyo costo asciende a US$2, 040 millones, ya que no pudo determinar si hubo irregularidades en el proceso de licitación.

Por igual se recomendó modificar la modificación de la ley de contrataciones públicas a fin de que se pueda declarar desierta una licitación si al final no tiene mínimo dos oferentes clasificados.

La comisión presentó un informe que recoge los resultados de dos mil 500 horas/hombre de trabajo, miles de páginas de documentos, decenas de entrevistas.

La Comisión recomendó también que se debe concluir el proceso de construcción de la obra, debido, entre otras razones, a la gran inversión que se ha realizado.

La comisión fue designada por el presidente Danilo Medina, mediante el Decreto 6-19 en fecha 10 de enero del año 2017.

La licitación se realizó el 15 de marzo de 2013, y la comisión tenía la autoridad de solicitar e investigar toda la documentación disponible, así como para entrevistar a todos los funcionarios que participaron en los procesos, como disponía el decreto.

La comisión designada mediante decreto del Poder Ejecutivo en enero pasado, la integran monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social y representante de la Iglesia católica; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, ex vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); y César Sánchez, exadministrador general de la CDEEE.

Además, el reverendo Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente del Consejo Económico de la Empresa Privada (Conep); José Luis Corripio Estrada, empresario; Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).