Procuraduría realiza operativos y allanamientos en Sosua y Cabarete para cierre centros proxenetismo

PUERTO PLATA, República Dominicana.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dirigió este fin de semana un amplio operativo en las localidades de Sosúa y Cabarete, que incluyó diez allanamientos a centros vinculados al proxenetismo.

En ese sentido, se informó que en una labor conjunta de la Procuraduría  Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Puerto Plata en conjunto con el Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), agentes de la Unidad de Investigaciones Criminales (UIC) y miembros del Ejército de la República Dominicana, se realizaron allanamientos simultáneos a los centros con indicios de trata de personas y proxenetismo, durante el cual cerraron dos centros de significativa práctica de proxenetismo además de rescatar 70 mujeres dominicanas, y apresada, entre otros, una pareja de esposos propietarios de dichos establecimientos, quienes serán sometidos en las próximas horas a la acción de la justicia.

Al ofrecer los detalles de la operación mediante un comunicado de prensa, detalló que los negocios clausurados son Restaurante Bar Pica Flor y Bar Restaurante Barrio Latino, localizados en los municipios de Sosúa y Cabarete de esta provincia, propiedad de la pareja arrestada, Elvis Henríquez Beatón, alias “El Peje”, y Arisleida Pérez Vásquez.

La institución detalló que los operativos fueron realizados de forma sorpresa y simultánea, atendiendo a demandas de la sociedad, expuestas directamente al procurador Jean Rodríguez en los encuentros comunitarios que ha desarrollado a nivel nacional y múltiples denuncias, donde los ciudadanos han identificado el proxenetismo, la prostitución y la trata de personas dentro de los delitos que más les afectan.

“Esta problemática social del proxenetismo que afecta a la comunidad de Puerto Plata, constituye un tema de gran preocupación para toda la sociedad y para nosotros como autoridades, porque sus hijas y sus mujeres se vuelven vulnerables ante personas desaprensivas que se lucran explotando nuestra gente, afectando la integridad de las víctimas y la imagen de la provincia y el país, así como sectores tan importantes como el turismo, por lo que hemos declarado tolerancia cero contra ese delito y hemos instruido a los fiscales que actúen con toda la drasticidad que permitan las leyes en estos casos”, manifestó.

La institución destacó que la acción se enmarca dentro del plan trazado por el procurador Jean Rodríguez para combatir con acciones puntuales esos graves delitos de la criminalidad organizada, destacando que la presente gestión ha puesto especial atención a este tema, dando instrucciones precisas al Ministerio Público de todo el país para reforzar las labores de prevención y persecución de esos delitos y que sean sometidos a la justicia, todos los implicados.

Respecto a la pareja apresada,  el Ministerio Público informó que tienen amplias evidencias colectadas a través de una exitosa estrategia de investigación e inteligencia previa ordenada desde hace unos cuatro meses y que solicitará en el plazo establecido de 48 horas a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, la imposición de un año de prisión preventiva como medidas de coerción, por la presunta violación de los artículos 334, 334.1, ordinales 3ero. 6to. y 9no. del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género, y el artículo 66 de la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Detalló que durante los operativos además fueron apresados para fines de investigación varios empleados adicionales que se encontraban en los establecimientos allanados.

Con relación al imputado Elvis Henríquez Beatón, explicó que su apresamiento se produjo durante un allanamiento en el Restaurante Bar Pica Flor, mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00377, emitida por los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata.

Durante el allanamiento, además del arresto de Henríquez Beatón, fueron rescatadas 70 mujeres que estaban siendo objeto de proxenetismo agravado, tres vehículos, un arma de fuego,  la suma aproximada de RD$112,801.85 pesos y alrededor de US$2,650.61 dólares americanos, varios equipos electrónicos, además de facturas del cobro de las salidas de las jóvenes.

En tanto que Arisleida Pérez Vásquez fue apresada durante un allanamiento a una villa donde reside la pareja, en el municipio de Sosúa, el cual se llevó a cabo mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00378, emitida por dicho juzgado, incautándose también en dicho lugar la suma aproximada de RD$327,800.00 pesos y alrededor de US$13,948 dólares estadounidenses, entre otras evidencias relacionadas al caso.

De igual manera, en el Bar Restaurante  Barrio Latino, allanado mediante la orden judicial No. 609-01-2018-ADM-00379, fueron retenidas motocicletas y documentos referentes a una empresa de rentar vehículos vinculada a caso.

Estrategias institucionales coordinadas contra los delitos

La Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría General de la República explicó que los integrantes de las referidas instituciones allanaron varios negocios en la zona tras obtener información durante el proceso de investigación de que presuntamente en dichos centros se estaban dedicando a la trata de personas y al proxenetismo.

Durante las pesquisas, señala el órgano investigativo, fueron recolectadas diferentes pruebas que permitieron confirmar los graves hechos denunciados y que dieron al traste con la clausura de los negocios y el apresamiento de sus propietarios.

Las autoridades precisaron que parte de las víctimas, cuyos nombres se omiten para proteger sus identidades, fueron llevadas a un centro de protección habilitado para esos fines, con el objetivo de ofrecerle las atenciones necesarias y salvaguardar su integridad física.

En torno a las acciones contra esas problemáticas, advirtieron que habrá un plan de seguimiento y monitoreo conjunto que lo desarrollará el Ministerio Público, CESTUR y otras instituciones, para prevenir y contrarrestar la trata de personas y el proxenetismo, incluyendo al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), para supervisar y evitar que menores de edad participen en esos actos.