Procuraduría confirma la muerte del recluso pudo fugarse de una clínica en Nagua

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que junto a las demás instituciones de seguridad del Estado, desde que ocurrió la fuga del interno Jorge Gabriel Baéz Abreu de un centro de la salud del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, le daban seguimiento para proceder a su captura por la alta peligrosidad de que se encontrara prófugo y fuertemente armado.

Las autoridades informaron que en el marco de las pesquisas llevadas a cabo para la captura del interno Jorge Gabriel Baéz Abreu, dicho privado de libertad fue localizado este viernes en la ciudad de Santiago, donde resultó muerto tras enfrentar a tiros a los agentes policiales en momentos en que trataban de apresarlo.

Durante el incidente también resultaron heridos Jesús Peralta y Quintero Amparo Paredes, quienes se encuentran ingresados en un centro de salud, bajo custodia policial, mientras que otros cuatro fueron detenidos, además de que se ocuparon tres pistolas y se está tras la búsqueda de los dos fusiles que les fueron despojados a los seguridad que custodiaban al interno al momento de la fuga.

A través de un comunicado de prensa, se informó que el privado de libertad fue localizado a la altura del kilómetro 13 de la Autopista Dr. Joaquín Balaguer, del sector Villa González, de la provincia de Santiago, cuando se transporta junto a varios asociados, registrándose un enfrentamiento entre los delincuentes y los agentes policiales.

Se recuerda que Báez Abreu, quien cumplía una condena a la pena máxima de 30 años de prisión en la cárcel pública de Nagua, por delitos de asociación de malhechores y homicidio, se fugó de un centro de salud de esta localidad donde había sido trasladado para asistir a una cita con un urólogo.

El Ministerio Público indicó que profundiza las investigaciones de este caso. Recordó que por su vinculación a la fuga logró que fueran impuestos tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra la cabo de la Policía, Angelina Berroa Martínez, quien trabajaba para la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) en Santiago, y de Richard Jonathan Infante Pérez, señalado como la persona que sirvió de intermediario entre Kelvyn Domingo Almonte Cabrera, quien se encuentra prófugo, y el señor Edward Geremías Maldonado Reynoso, para la renta del vehículo utilizado para la fuga de Báez Abreu del centro de salud.

Además, fueron impuestas medidas de coerción consistentes en impedimento de salida del país y presentación periódica contra los cabos del Ejército Dawel Manuel Cuevas Urbáez y Mario Marte Álvarez, quienes custodiaban al interno al momento de la fuga.