PRM pide a la JCE encausar judicialmente a los responsables del caso equipos electrónicos

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) reclamó a la Junta Central Electoral, el establecimiento de responsabilidades y castigos condignos contra los responsables de las graves evidencias violatorias a las Leyes en el tema de los equipos electrónicos utilizados en las pasadas elecciones.

Mediante un documento entregado por ante la Secretaría General de la JCE, por una comisión encabezada por Jesús Vásquez, Orlando Jorge Mera y Rafael Montilla, el PRM considera indispensable para que el país supere la desconfianza y la falta de credibilidad en el sistema electoral, base fundamental de la institucionalidad democrática.

“En razón de lo expuesto,  en nuestra calidad de representantes del principal partido de oposición en las pasadas elecciones  y    de ciudadanos interesados en el perfeccionamiento de nuestro sistema electoral y democrático, les solicitamos formalmente  cumplir con su responsabilidad de ley de poner en marcha la acción judicial contra los responsables de las señaladas violaciones, tantas veces denunciadas por la oposición y entidades de la sociedad civil, y ahora documentadas por la propia Dirección de Informática de la JCE”, dice el PRM.

A continuación, el texto íntegro del documento del PRM entregado en la JCE.

16 de noviembre de 2017

Señor                                                                                                                                                                   Dr.   Julio César Castaños Guzmán                                                                                                                        Presidente y demás integrantes del pleno de la                                                                                       Junta Central Electoral
Distinguidos magistrados y magistradas:
Conforme ha revelado la prensa nacional, y tal como se ha publicado en la página web de la JCE, desde el pasado 20 de marzo la Dirección de Informática de esa Junta Central Electoral les entregó un informe que contiene serios cuestionamientos a la calidad, el manejo y la vida útil de los equipos electrónicos utilizados en el proceso electoral nacional del 15 de mayo 2016, y que costarán a los contribuyentes más de 39 millones de dólares.
Los cuestionamientos del informe técnico a esos equipos y a la forma en que fueron usados han escandalizado a la opinión pública nacional, y vienen a confirmar las múltiples denuncias y advertencias que hicieron los candidatos de oposición e instituciones de la sociedad civil y observadores internacionales al respecto.
Las conclusiones de la Dirección de Informática, especialmente el revelador señalamiento de que “La JCE por primera vez pasó de ser el protagonista y responsable de la información electoral a ser un usuario de consulta y presentación de los resultados procesados por un tercero”,  y la recomendación de “no hacer uso de los mismos en procesos electorales futuros” implican graves violaciones a la Constitución de la República, la Ley Electoral y otras disposiciones relativas a las responsabilidades de la Junta Central Electoral.
Tienen esas conclusiones, por demás, implicaciones de orden penal relativas a la transparencia y escrupulosidad con que deben ser administrados los recursos del Estado.
Este escándalo, distinguidos magistrados, justifican los severos cuestionamientos que hicieran a la equidad y diafanidad de las pasadas elecciones generales los partidos de oposición y sus respectivos candidatos presidenciales.
El establecimiento de responsabilidades y castigos condignos a tan graves evidencias es indispensable para que el país supere la desconfianza y la falta de credibilidad en el sistema electoral, base fundamental de la institucionalidad democrática.
En razón de lo expuesto,  en nuestra calidad de representantes del principal partido de oposición en las pasadas elecciones  y    de ciudadanos interesados en el perfeccionamiento de nuestro sistema electoral y democrático, les solicitamos formalmente  cumplir con su responsabilidad de ley de poner en marcha la acción judicial contra los responsables de las señaladas violaciones, tantas veces denunciadas por la oposición y entidades de la sociedad civil, y ahora documentadas por la propia Dirección de Informática de la JCE.
Nos permitimos recordarles que denunciar un crimen del cual estemos enterados y especialmente cuando se está en su posición, no es una opción, sino una obligación legal y un deber moral, bajo reservas de que nuestra propia organización política pueda ejercer las acciones legales para el esclarecimiento de la verdad y la determinación de las responsabilidades correspondientes.
Muy atentamente,
Por el
Partido Revolucionario Moderno

Andrés Bautista                                                                   Jesús Vásquez
Presidente                                                                            Secretario General

Orlando Jorge Mera
Delegado Político JCE