Presidente del TSE dice partidos deben garantizar su permanencia

SANTO DOMINGO.- El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), doctor Mariano Rodríguez, afirmó que esa alta corte es responsable de buscar la solución de los conflictos jurídicos originados por los partidos políticos en base a la Constitución de la República, la ley y los estatutos de las organizaciones.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV,  afirmó que los partidos políticos son responsables de garantizar su permanencia y fortaleza, en ejercicio de lo establecido por el artículo 216 de la Constitución.

Mariano Rodríguez.
Mariano Rodríguez.

Consideró que el TSE contribuye a aportar a la solución de manera civilizada y pacífica de los conflictos que se puedan generar, “ya sea con motivo del ejercicio del acto electoral, es decir, con motivo de unas elecciones, o ya sea originado en los conflictos que se generan a lo interno de los partidos políticos”, recalcó.

Planteó que el tribunal ha ido dando respuestas a los partidos políticos en el ejercicio de sus atribuciones en la administración de la justicia electoral.

“Y entendemos que con esto se contribuye al fortalecimiento del sistema democrático y del Estado de Derecho, porque el tribunal constituye una instancia donde las partes pueden ir a dirimir sus conflictos”, argumentó.

El magistrado manifestó que el tribunal da la solución jurídica a los conflictos políticos de que es apoderado.

“Claro, nuestra decisión jurídica no garantiza la solución de los conflictos políticos, porque los  conflictos políticos tienen que resolverlo los políticos, a nivel político”, enfatizó.

Resaltó que la justicia electoral no comienza con el TSE, porque siempre ha existido en el país.

Recordó que en principio era competencia de la Junta Central Electoral y se creó el 12 de abril del año 123, con funciones mixtas, tanto administrativa como jurisdiccional o contencioso-electoral.

La Ley de Partidos Políticos

El presidente del TSE planteó que los partidos políticos y los actores que pueden influir para que esto se haga una realidad, deben ponerse de acuerdo para la aprobación de una ley de Partidos Políticos y una adecuación de la Ley Electoral.

Indicó que de esto se ha venido hablando mucho tiempo y cuando viene la hora de la verdad se le reclama a la Junta Central Electoral (JCE) que intervenga en algunos asuntos que tienen que ver con la campaña y los gastos en esta jornada.

“¿Pero dónde está esa disposición, desde el punto de vista jurídico que permita al órgano administrativo intervenir?”, se preguntó, para luego responder que hay que partir de lo que existe legalmente.

Insistió que son tareas pendientes frente a las cuales las partes deben ponerse de acuerdo en los puntos mínimos, puesto que la legislación ideal “solamente está en nuestras aspiraciones”.

“Esa Ley de Partidos tiene mucho tiempo circulando y discutiéndose en el seno del Congreso Nacional, es un reclamo de las organizaciones de la sociedad civil, los mismos partidos políticos se han pronunciado en varias ocasiones”, acotó.

Rodríguez entiende que la aprobación de reglas contribuye al fortalecimiento de los sistemas democrático y de administración electoral, tarea que está pendiente en el país.

Afirmó que mientras más reglas claras hay en un proceso electoral, puede garantizarse un mayor fortalecimiento y transparencia en la participación.

Estimó que hay que reconocer que la República Dominicana celebra procesos electorales con una normativa y la Constitución del 2010 introdujo cambios significativos.

Asimismo, aseguró que la Ley Electoral contiene elementos que quedaron obsoletos, no por culpa de la ley, sino que hay una Carta Magna nueva, por lo que esa legislación debe ser actualizada.

La labor del TSE

Rodríguez reveló que más de 6,000 expedientes llegan al TSE cada año, lo que significa que debe desarrollar una logística y darles respuesta a los ciudadanos que requieren sus servicios.

“Claro, el que se reciban 6,000 y tantos expedientes anual, también hay que reconocer que provoca, produce que se acumule una mora en la solución de esos casos, pero vamos ahí tratando de aumentar cada vez más el personal que trabaja en esa área”, subrayó.

El magistrado sostuvo que también comprende aumentar el número de sentencias que emite la alta corte, que en dos años ha dictado más de 5,000 sentencias en materia de rectificaciones.

Rodríguez informó que hay alrededor de 1,000 sentencias de casos que  ciudadanos que depositaron sus expedientes, vía las juntas electorales, y no han ido a procurarlas.

“O sea, es un número significativo para los dos años y pico que tenemos nosotros funcionando”, acotó.

Expuso que en el área de rectificación de actos del estado civil, había una gran cantidad de expedientes que se habían acumulado porque los tribunales de la justicia ordinaria comenzaron a declararse incompetentes para ventilar esos casos, porque la Ley Orgánica del TSE le había quitado la competencia.

“Por lo tanto ha habido un trabajo arduo, permanente, desde su constitución y entrada en funcionamiento en el año 2012”, observó.

Aseguró que el tribunal ha venido dando respuestas y resolviendo cada uno de los asuntos que le han sido sometidos.

“Es un gran desafío que tiene el tribunal, y como siempre digo, la vida pone en mano de personas un desafío y tenemos nosotros que asumirlo para tratar de contribuir con el fortalecimiento de la democracia y con el fortalecimiento, también del Estado de derecho como institución que tutela los derechos y garantías, que están establecidos en el ordenamiento jurídico y de manera específica en la Constitución de la República”, significó.

Explicó que antes en 65 salas de la justicia ordinaria se podían llevar, conocer y resolver los casos de corrección de las actas del estado civil que requirieran de la intervención de una sentencia, para que se pudiera hacer la anotación al margen del libro, donde está el acta.

Afirmó que hay que trabajar para darles respuesta oportuna a todos los ciudadanos que requieran para corregir los errores que aparecen en sus actas del Estado Civil.

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