Politólogo sugiere PRM y Fuerza del Pueblo pacten designación de nueva JCE

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El politólogo y catedrático Freddy Ángel Castro afirmó que más de 2,500 funcionarios salientes nunca declararon sus bienes, a pesar de estar contemplado en la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio. 

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, saludó la advertencia del presidente Luis Abinader, de suspender a los funcionarios que no declaren su patrimonio hasta tanto cumplan con el requerimiento o destituirlos si no lo hacen. 

“Si usted examina ahora mismo, de los funcionarios salientes, hay más de 2,500 funcionarios que nunca emitieron una declaración jurada de bienes, entonces, el presidente Luis Abinader está mandando una señal clara a sus funcionarios”, acotó. 

El experto planteó que el gobernante manda una señal de que necesita saber con qué patrimonio ingresaron los funcionarios a la administración pública, porque en cuatro años necesita rendir un informe al país de quiénes pudieron haberse enriquecido. 

Consideró que las designaciones hechas por el mandatario han sido buenas, porque se trata de personas que han llenado las expectativas de la población, como el nombramiento de la magistrada Miriam Germán Brito, como Procuradora General de la República. 

Destacó las medidas del nuevo gobierno de modernizar y refundir áreas del Estado que no están generando productividad, con relación al gasto. 

Citó el anuncio de eliminación del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOEA) y la situación del sector transporte. “Ahí se puede generar un ahorro importante en términos de cuantía”, acotó. 

Sin embargo, Castro observó que muchas de esas instituciones son creadas por ley, por lo que no pueden ser eliminadas por decreto, sino que deben ir al Congreso para su liquidación.  

Las auditorías a instituciones del Estado 

El politólogo Freddy Ángel Castro consideró que no se les puede solicitar a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas que empiecen un proceso de auditorías, porque al tiempo de su nombramiento no le quedan más de tres meses. 

Advirtió que para el Estado es prioritario establecer dónde fueron a parar los RD$21,500 millones que el director general de Presupuesto denuncia que se ejecutaron sin soportes. 

Entiende que en este tema hay una prioridad que no tiene la misma connotación que hacerle un arqueo a un distrito municipal. 

Castro sostiene que hay que determinar qué pasó con los RD$11,500 millones que se contrataron en Obras Públicas para el asfalto y los US$38 millones que Odebrecht alega otorgó en el país sobe supuestos sobornos. 

El experto planteó que éstos no contarán con tiempo ni recursos para la realización de los arqueos. 

“Entonces, que se comience un proceso de pre auditorías vinculantes, informe con los hallazgos  y que posteriormente, con la nueva Cámara de Cuentas que se elija, entonces tome de esos hallazgos fundamentales que pueden causar auditorías puntuales sobre esos temas”, adujo. 

Explicó que deben auditarse 158 ayuntamientos, distritos municipales, 21 ministerios y las direcciones generales, se estaría hablando de una cantidad de 500 instituciones que requerirían auditorías.  

Pacto político para escoger nueva JCE  

Freddy Ángel Castro sugirió que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo pacten la designación de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE), donde se elija un perfil que combine la experiencia con la innovación.  

“En el caso de la Junta Central Electoral, creo que los dos partidos que ganaron la mayoría senatorial, Partido Revolucionario Moderno y Fuerza del Pueblo, deben hacer un pacto político para designar a los miembros de la Junta Central Electoral”, recalcó. 

Castro insistió en que debe combinarse un perfil fuerte, encabezado por personas que dominen el derecho constitucional, el electoral, que conozcan las ciencias políticas y un nuevo escenario donde están las leyes de Partidos Políticos y la del Régimen Electoral. 

Significó que la nueva JCE debe encaminar un nuevo proyecto de ley a los fines de que los 21 hallazgos detectados por la OEA, ratificados por UNIORE y la IFES, puedan ser introducidos al Senado para seguir adecentando el sistema de partidos. 

“Tenemos que afianzar los controles en los delitos electorales, tenemos que crear realmente una Fiscalía Electoral temprano, a tiempo, con recursos, funcional, con gentes y fiscales expertos en delitos electorales para nosotros seguir protegiendo el sistema democrático de la República Dominicana”, agregó.