PLD considera desatino proyecto para la creación del Ministerio Público impulsa el Gobierno

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) considera que el proyecto de ley que pretende crear el Ministerio de Justicia, bajo el argumento de que los actores del sistema de justicia deben concentrarse en aquello que es su función principal, es un desatino y, más que eso, otro engaño a la población dominicana.

Este proyecto de ley cercena, debilita lo que es la institucionalidad del Ministerio Público, a la vez que erosiona su independencia y, en consecuencia, la independencia del sistema de justicia.

No es cierto que el objetivo de ese proyecto de ley es que los órganos de justicia se concentren en aquello que son sus funciones principales porque, a manera de ejemplo, la Suprema Corte de Justicia y la judicatura dominicana tienen la responsabilidad de garantizar el Registro Inmobiliario de la Nación, y en ese caso no se está tocando, eso ha quedado como una tradición que debe seguir así.

Si ese fuera el argumento, concentrar a los órganos de justicia en sus funciones principales, pues estaríamos quitándole esa función al sistema de justicia, lo mismo que su rol de mediador en el Sistema de Familia o la Defensa Publica, que están adscritos al sistema de justicia.

Realmente, lo que el Gobierno quiere es crear nuevas burocracias, nuevos empleos y erosionar al Ministerio Publico, haciéndolo más débil en la investigación porque, por ejemplo, con respecto al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), cuando se establece que su director estará bajo la vigilancia del ministro de Justicia, o sea de un funcionario político y no de un Consejo de Procuradores y Fiscales de carrera como lo ha sido hasta hoy, lo saca de su rol , debilita y politiza todo lo que es la experticia forense, que es fundamental para instrumentar un caso penal.

Si el Poder Ejecutivo toma el control de todo lo que es la auditoría forense y el sistema de pruebas, estaríamos viendo que el presidente y un ministro tendrían serios e importantes controles dentro de la persecución penal de República Dominicana.

Igual, qué sentido tiene crear un ministerio de Justicia para dirigir el sistema penitenciario, que en realidad lo que debe promoverse es continuar con la ola de reformas y el actual Gobierno lo que ha hecho es detener todo lo que ha sido el Nuevo Modelo Penitenciario. En este punto tenemos ya dos años sin ningún avance.

Con ello lo que se pretende es tener el control de la carrera de los agentes penitenciarios y politizar todo el sistema de prisiones, en lugar de tener un sistema de carrera como el que ha existido hasta ahora.

Lo mismo se puede decir de otros estamentos que se refieren en el proyecto de ley, que lo único que persiguen es el clientelismo, nueva burocracia, nuevos empleos para agentes políticos y que en nada resuelven lo que son los desafíos de la Reforma Judicial que están pendientes.

El Gobierno en lo que debe concentrarse es en una nueva ola de reformas, que genere una justicia más barata, más eficiente, más rápida, donde verdaderamente se tenga menos demora judicial, y concentrarse en que los pobres tengan acceso a un sistema de justicia objetivo, sin manipulación, sin improvisación de cara a la finalidad de mejorarlo.

En un documento anexo, nos referimos en detalles a los aspectos del anteproyecto de ley que, reiteramos, erosionan la institucionalidad del sistema de justicia y evidencia la intención de controlar políticamente dependencias técnicas, aumentar la burocracia estatal creando dualidad de funciones y traspasando un sinnúmero de atribuciones que por mandato legal, tradición, uso y costumbres nacionales e internacionales corresponden a otras entidades del Estado, como por ejemplo, la defensa del país ante los sistemas internacionales de derechos humanos y ante los organismos de comercio internacional, que siempre han sido competencias de la Cancillería dominicana y el Ministerio de Industria y Comercio, respectivamente.

El Partido de la Liberación Dominicana rechaza este proyecto de ley cuya finalidad real es intentar debilitar el sistema de justicia en general y el sistema de pesos y contrapesos del Estado, politizar entidades que hasta hoy han sido técnicas, así como crear más burocracia, más nómina pública y más dispendio.