Permisos a reclusos desata choque entre Poder Judicial y Ministerio Público

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- A pesar del clima de tensión que prevalece entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República ha preferido guardar silencio y no refutar las acusaciones vertidas por dos juezas de la jurisdicción de San Cristóbal envueltas en el conflicto desatado por la libertad con permisos a favor de implicados en casos de narcotráfico que involucran a los grupos del boricua José David Figueroa Agosto, el fenecido Rolando Florián Féliz y el caso de Paya, en el que fueron condenados 16 participantes.

El impasse ha surgido luego que la jueza de la Oficina de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Katerine Rubio Matos, dispusiera la libertad de 57 reclusos para disfrutar de varios días del Año Nuevo con sus familiares, un privilegio que al menos 38 de esos condenados habrían gozado en varias ocasiones.

Además de la jueza Rubio Matos, también la presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción, María Garabito, imputó al Ministerio Público haber facilitado que algunos de los internos implicados en narcotráfico gozaran de la libertad condicionada por varios días.

Garabito ha acusado a la Procuraduría General de urdir algún plan para desacreditar al Poder Judicial y también obligar la destitución de la magistrada Rubio Matos, presuntamente por la independencia que ha mantenido y no se ha dejado manipular por el Ministerio Público como ocurría con otros funcionarios de la Ejecución de la Pena en San Cristóbal.

En un informe remitido al director general de la Administración de la Carrera Judicial, Justiniano Montero Montero, la jueza presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal defendió la honestidad de la jueza Rubio Matos, quien le remitió un reporte sobre los autos que avalan los permisos otorgados a los internos.

Entiende que el Ministerio Público promovió una publicación en los medios de comunicación sobre estos permisos supuestamente “exageradamente cruel, dañina, inexacta, mendaz y plagada de malicia”, lo que entiende representa “más que una noticia parece un plan para hacer saltar a la juez que se encuentra ejerciendo dichas funciones, así como pretender desestabilizar el Poder Judicial difundiendo hechos falsos; me refiero a la noticia de que la juez de Ejecución de la Pena de este Departamento benefició con permisos a narcotraficantes, sicarios y violadores sexuales”.

En su defensa, Garabito indica que esos internos favorecidos por la jueza Rubio Matos habían salido en otras ocasiones de la cárcel para disfrutar de ese privilegio junto a familiares.

Sin embargo, dijo que “la juez duró aproximadamente una semana depurando con las autoridades de los centros penitenciarios, quienes son una dependencia de la Procuraduría General de la República, los expedientes de los internos”, aclaró.

 Protagonismo del Ministerio Público

La presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal advierte a su superior inmediato que observa el protagonismo con que el Ministerio Público quiere manejar los centros penales de esa zona de la región sur, en cuanto al cumplimiento de las penas de los internos al margen de las atribuciones que confiere la ley a los tribunales.

Denunció que el Ministerio Público otorga “permisos al margen del juez de Ejecución de la Pena, como es el caso de un condenado a 30 años por el caso de Paya-Baní, señor Luis Lara, en fecha 1 de enero de 2018; disponen de todo tipo de acciones ilegales contra los internos, sin tomar en cuenta la participación del juez de Ejecución de la Pena, pretendiendo que las mismas sean posteriormente legalizadas o justificadas”.

Entiende que la magistrada Rubio Matos conoce  la legislación y la aplica, por lo que se “le ha hecho difícil al Ministerio Público y a otros actores narigonearla o ponerla a su servicio, como ocurría con jueces anteriores, lo que hace que la vean como una amenaza a sus intereses y no como una juez trabajadora, independiente, honesta, respetuosa y conocedora de la Constitución, la ley y los procedimientos”.

Desorden en centros penitenciarios

En su informe, la jueza Garabito cuestiona el manejo por parte del Ministerio Público de los centros carcelarios.

“Le aseguro (al magistrado Montero Montero) que son (los centros penitenciarios) un monumento al desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al desconocimiento total y absoluto de lo que tienen entre manos, pero lo que es peor, juegan al chantaje de no presentar los presos a las audiencias, no sabemos con qué fines específicos, pero bueno, no son porque no benefician ni al preso ni al sistema, siempre se escudan en la falta de recursos”, agregó.

Los beneficiados

Entre los favorecidos con los permisos de la jueza Rubio Matos están  Juan Bautista Familia (caso Figueroa Agosto), Andrés Tapia Valbuena (caso Paya), Gian Enrique Rojas (caso Figueroa Agosto- ha salido en otras ocasiones del centro), Jesús Hidalgo Antigua, Gary Enrique Féliz (ha salido del centro con custodias), José Santiago Flores (ha salido del centro con custodias), Olmedo Antonio Gutiérrez (ha salido del centro con custodias), Bernardino Martínez (ha salido del centro con custodias), Yackson Guante Casilla (ha salido del centro con custodia) y Antonhy Bautista Morel (ha salido del centro con custodias).

Además de Leíto Alcántara (ha salido del centro por tres días), Gian Rojas (caso Figueroa Agosto), Iván Durán (ha salido con anterioridad), Jorge García (ha salido con anterioridad), Arizon Batista (ha salido con anterioridad), Claudio Angustia, Omar Rivas, Digno Ramón Castillo, Víctor José Artiles Acosta, Juan Bautista Familia, Eusebio Polanco, Winston Radhamés Vásquez, Pedro Benites Minier, Amaury Germán (ha salido del centro con custodias), Miguel Valentín (ha salido del centro con custodias), Winston Rodríguez (caso Figueroa Agosto- ha salido del centro con custodias), Walther Montero (nunca había salido, su padre murió la semana pasada).

Edgar Daniel Bastardo (había salido con anterioridad sin custodias), José Manuel Peña (había salido con anterioridad del centro sin custodias), Kelvin Vega (había salido con anterioridad del centro sin custodias), Marino Soriano (había salido con anterioridad del centro), Edwin Ramón Durán (había salido con anterioridad del centro), Raimel Gálvez (había salido con anterioridad del centro sin custodias), José Miguel Lacay (había salido con anterioridad del centro sin custodias), Danilo Taveras (había salido con anterioridad del centro con custodias).

En el caso de las mujeres, los permisos fueron otorgados a Juana Payano Diroche (había salido una vez), Yajaira Lebrón Valdez (había salido dos veces), Caridad Aquino (una vez), Georgina Noesi López (dos veces), Evelyn Valdesia Agüero (una vez), Yudith Méndez (una vez), Samaris Valdez García (una vez), Maritza Campusano García (no ha salido), Gina Gómez (no ha salido), Ángela Marrero (no ha salido), Yesenia Ramírez (no ha salido), Cindy de los Santos (no ha salido), Isabel Soto ( no ha salido), María Altagracia Gómez (ha salido cuatro veces), Heidy Rodríguez (salió una vez), Xiomara Mora (salió dos veces), Yudelkis González (dos veces), Enércida Nivar (dos veces), Ileana León (dos veces), Lisa Marina Elías (dos veces), Mari Soto (salió dos veces) y Anabel López Rodríguez (salió una vez).