PC demanda a la Procuraduría General esclarecer nivel de cumplimiento del Acuerdo con Odebrecht

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, demanda información clara y precisa que permita conocer el nivel de cumplimiento del acuerdo entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la empresa Odebrecht, S. A., a más de tres (3) meses de la homologación por el Juez de la Instrucción el 19 de abril del año en curso.

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, tiene la obligación de informar al país sobre la ejecución del cuestionado contrato, suscrito por el representante del Ministerio Público  con Odebrecht, S. A., luego de transcurrido mucho más de treinta días del vencimiento del plazo para que la empresa entregara todas las informaciones acordadas, indicó la entidad.

Afirmó que el contrato obliga a la empresa a entregar directamente a la PGR información pertinente y eficaz que permita identificar a los funcionarios públicos sobornados, así como las pruebas que sustenten una acusación penal contra ellos. También,  se recuerda la promesa pública manifestada por el procurador general,  de dar por terminado el contrato, retener las sumas adelantadas por Odebrecht, S. A.,  y proceder a someter penal y civilmente a dicha empresa y sus ejecutivos,  en caso de incumplimiento de la obligación contractual asumida.

“Odebrecht, S. A.  no puede dar por cumplida su obligación con la entrega de información realizada por los fiscales brasileños, pues su obligación es personal y directa según los términos del contrato que suscribió. Es lógico suponer que los fiscales brasileños hicieron mayor énfasis en documentar los fraudes en Brasil que en otros países, como también que la compañía posee toda la información que le permitió sustentar su confesión ante autoridades norteamericanas de que entregó más de US$92 millones para sobornos de funcionarios públicos dominicanos, y esa información es la que debe entregar directamente a la Procuraduría General”, aseguró.

“El contrato suscrito no solo obliga a la empresa a entregar en un plazo no mayor de sesenta días “toda información útil que posea, conozca, conserve u obtenga para esclarecer el hecho investigado y sus responsables”, sino que también puntualiza que debe entregar “toda prueba, evidencia, acuerdo, información, documento, data, reporte, declaración, testimonio, especialmente delaciones premiadas y cualquier elemento útil para la verificación de los hechos declarados y admitidos que  estén vinculados a las operaciones de Odebrecht en la República Dominicana, a raíz de los cuales puedan resultar identificadas las personas, demás empresas, obras involucradas, las formas en que fueron efectuados los pagos a los que se contraen los hechos declarados y admitidos”, así como  revelar “la estructura financiera empleada en la movilización de los fondos destinados para el pago de las recompensas prometidas u ofertadas”, agregó.

Recordó que la empresa se comprometió, no solo a identificar a los funcionarios sobornados, sus cómplices y otras personas involucradas, sino también a indicar el monto de cada soborno, las obras por las que se ofrecieron, los mecanismos financieros utilizados para hacerlos llegar a cada sobornado, las cuentas bancarias y registros contables relacionados con cada soborno.

“Esta información es hoy de suma importancia ante la gran duda nacional sembrada por el voto disidente de la magistrada Miriam Germán Brito, sobre la consistencia y la suerte del expediente, hasta ahora preparado por la PGR y presentado para sostener las medidas de coerción solicitadas”, sostuvo Participación Ciudadana.

El movimiento cívico recordó que en caso de no entregar la información acordada, la PGR debe dar por concluido el acuerdo y proceder con las persecuciones penales y civiles de los delitos confesados por la empresa que probablemente involucra funcionarios y directivos de la empresa en el país.

Participación Ciudadana dijo que mantiene su compromiso de dar seguimiento al caso Odebrecht, S. A. y a los demás casos que están a la espera de investigación y posterior acusación, para que la República Dominicana se libere de la impunidad rampante que hasta el momento erosiona la institucionalidad y los derechos fundamentales del pueblo dominicano.