Participación Ciudadana pide al presidente Medina gestionar aprobación de leyes de partidos y electoral

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El movimiento cívico Participación Ciudadana remitió una comunicación al presidente Danilo Medina Sánchez, donde le exhorta realizar un esfuerzo a fin de que en la legislatura a iniciarse el día 27 del mes en curso sean aprobados los proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral. PC entiende presentar ese día ante la Asamblea Nacional podría ser una buena oportunidad para colocarse por encima del inmediatismo y las simples conveniencias partidarias y coyunturales.

En la comunicación dirigida al Mandatario, solicitan adecuar la legislación nacional a los imperativos de la institucionalidad democrática, de la democracia a lo interior de los partidos, y a la participación social más allá del simple ejercicio del voto.

Participación Ciudadana expresó también, que no se trata de aprobar cualquier ley de partidos, ni un maquillaje formal al régimen electoral, los aspectos que consideran vitales de esas reformas, la mayoría de los cuales entienden están contenidos en los proyectos sometidos una y otra vez por la Junta Central Electoral (JCE) y que entregaron con mayores detalles a la Comisión Bicameral que los pondera.

En relación a la Ley de Partidos, PC considera como vital lo siguiente:

1)      Plenas garantías de la democracia interna, con igualdad de derechos y deberes, y cuotas que favorezcan la incorporación de las mujeres, no sólo a los cargos electivos, sino también a los de dirección de los partidos, que deben renovarse periódicamente mediante votación de todos sus miembros empadronados, o apelando al voto universal, si así lo establecen los estatutos y las asambleas legalmente constituidas.

2)      Absoluta transparencia del financiamiento público y privado de los partidos, campañas electorales y candidatos, con obligación de presentar presupuestos y rendir cuentas sobre sus donantes ante sus miembros y cualquier ciudadano interesado, como condición para recibir el subsidio anual del Presupuesto Nacional.

3)      Establecer límites al financiamiento de empresas y personas, prohibiéndolo a las instituciones extranjeras de todo género, estatales, empresariales y no gubernamentales, con excepción de los patrocinios de programas educativos o participación en eventos internacionales. También es fundamental establecer topes de gastos para todos los niveles de pre candidaturas o candidaturas, a fin de abaratar el alto costo de la política y reducir el poder del dinero en la selección de dirigentes y candidatos.

4)      Las precampañas para la elección de dirigentes y candidatos de los partidos deben tener límites estrictos de tiempo, no mayores a los tres meses, quedando prohibida la propaganda y actos públicos de promoción fuera de ese período. Los candidatos sólo podrán promocionarse en la jurisdicción de su postulación, municipal, provincial o nacional, sin utilizar vallas ni afiches permanentes en las vías públicas.

5)      Prohibir y sancionar toda coacción, amenaza o dádivas para la obtención de votos, despojo de candidaturas ganadas, deducciones de salarios, y de utilizar cualquier bien o recurso del Estado, con la excepción del subsidio legal, en la gestión partidista, asambleas o campañas para cargos directivos o candidaturas.

En cuanto a la Ley del Régimen Electoral, Participación Ciudadana señaló los aspectos fundamentales en la comunicación remitida al Presidente de la República, entre ellos:

1. Debe derogarse la condición de abogado para ser titular de la Junta Central Electoral, puesto que ya no es un tribunal contencioso. Es imprescindible para ser electo a la JCE no haber tenido militancia política por lo menos en los dos años anteriores.

2. Establecer regulaciones de tiempo, contenido y de financiamiento de las campañas electorales nacionales, con la misma transparencia, presupuesto y rendición de cuentas que en la Ley de Partidos.

3. Estricta prohibición de utilizar recursos ilícitos, provenientes del Estado, de actividades ilegales, como de lavado de activos y de fondos provenientes de instituciones extranjeras de cualquier naturaleza en las campañas electorales de los partidos y candidatos.

4. Obligar a todos los responsables de dirigir campañas electorales nacionales, provinciales o municipales, a tomar licencia de los cargos públicos que pueden estar desempeñando.

5. Prohibir inauguraciones de obras públicas o anuncios de nuevas obras durante el período de la campaña electoral, a no ser las que puedan derivarse de situaciones de emergencia imprevistas.

6. Mantener el voto preferencial por los diputados y separar la elección de estos y de los senadores, con dos selecciones en la misma boleta. También establecer la selección de los alcaldes y directores municipales separada de los regidores y vocales en la misma boleta, como forma de garantizar mayor poder electoral a la ciudadanía. El voto preferencial por regidores y vocales, al implicar miles de cargos, resulta poco recomendable. 

7. Establecer un sistema de distribución más equitativo de los diputados que guarde proporción con los votos obtenidos por cada partido y al mismo tiempo garantice la representación de las minorías.

8. Debe prohibirse pagar la asistencia a actos de campañas electorales y las dádivas o compras de votos en todas las elecciones.

9. La información y la publicidad de los medios de comunicación estatales deben guardar consonancia con la equidad e igualdad de competencia que debe caracterizar la elección democrática.

1. Establecer una procuraduría especializada para perseguir los delitos electorales, cuyas sanciones deben ser realmente disuasorias y de inmediata implementación, como recurso para fortalecer la institucionalidad democrática.