Participación Ciudadana afirma 2017 registra ser el año de escándalos de corrupción
DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El movimiento Participación Ciudadana consideró que el 2017 puede ser calificado como uno de los más representativos en los anales de los escándalos de corrupción y la impunidad, pero también pasará a la historia por el despertar de la ciudadanía, con renacimiento de la esperanza en que es posible edificar una sociedad mejor.
Indicó que en el ámbito institucional y político las debilidades no se superan y las fortalezas no se consolidan. El añoparece haberse perdido en el intento del grupo gobernante por imponer una ley de partidos a la medida de sus intereses.
Precisó que la Justicia siguió siendo incapaz de renovarse a sí misma. Mientras los ayuntamientos seguían relegados cada vez con menos recursos cuando apenas se le asigna el 2.8 por ciento de los ingresos nacionales, aunque la ley indica el 10.
“El año termina caracterizado por la reducción en el ritmo de crecimiento de la actividad económica,la continuación delincremento de la deuda pública,y por la ausencia de reformas institucionales que reduzcan los obstáculos a la movilidad socioeconómica de la ciudadanía”, afirmó Participación Ciudadana.
A continuación el texto del informe de Participación Ciudadana sobre 2017:
El destape de la corrupción
El 22 de diciembre del 2016 estalló el más escandaloso caso de corrupción de América Latina: Doce países involucrados en una trama de sobornos y financiamientos ilegales de campañas electorales. La constructora brasileña Odebrecht, confesó haber distribuido 788 Millones de dólares en sobornos en América Latina y África.Legisladores y funcionarios de la República Dominicana habrían recibido 92 millones de dólares.
Varios de los funcionarios de la Odebrechtprocesados en Brasil confesaron que la empresa había trasladado su departamento de sobornos a la República Dominicana cuando la justicia de allá comenzó a pisarle los talones, en busca de mejores condiciones para continuar sus operaciones delictivas. El impacto fue mayor porque uno de los procesados, Joao Santana, apresado junto a su esposa al regresar a Brasil, era en ese momento y por varios años el principal asesor de campaña del Presidente Danilo Medina y tenía despacho en el Palacio Nacional.
Cuando el actual gobierno negociaba el mayor contrato con la Odebrecht, el de las plantas eléctricas de carbón de Punta Catalina, se produjeron las más elevadas transferencias de fondos, 66 por ciento del total, al señor Ángel Rondón, personero que según declaraciones de la propia empresa se ocupaba de distribuir los sobornos.
Cuatro organizaciones de la sociedad civil interpusieron ante la Procuraduría General de la República una denuncia por medio de la cual solicitan que se investigue si en el país se recibieron fondos deOdebrecht para financiar campañas electorales, así como para reinstaurar en la Constitución la figura de la reelección presidencial en 2015. La Procuraduría General no ha dado curso a esta denuncia.
A un año de haberse conocido este escándalo, el sometimiento formal a la Justicia de los que fueron imputados por la Procuraduría aún está pendiente, todos están libres, la empresa sigue trabajando para el Estado Dominicano, y está exigiendo 708 millones de dólares adicionales para concluir las plantas eléctricas,pese a que no ha cumplido las cláusulas más importantes del convenio de delación firmado, que la obliga a entregar todos los detalles de sus operaciones ilegales en el país, pero tampoco la Procuraduría se lo ha exigido.
El Año del Movimiento Verde
El escándalo Odebrecht removió la conciencia de decenas demiles de dominicanos, produciendo el surgimiento de un movimiento con características y proporciones nunca visto en la República Dominicana.El domingo 22 de enero del 2017 se escribió un nuevo capítulo en la historia de las luchas sociales, cuando decenas de miles de personas, salieron a las calles para mostrar su rechazo a la corrupción y la impunidad imperantes, iniciando una cadena de movilizaciones que se mantuvo todo el año.
Los Tres Brazos, un barrio vendido con todo y gente.
El año comenzó con el escándalo de la venta del barrio Los Tres Brazos, con unas 14 mil familias en la Provincia Santo Domingo, que data del 1979. La Corporación de Empresas Estatales (CORDE), una de las entelequias que se usan como fuente de enriquecimiento para los gobernantes de turno, vendió el barrio con todas sus edificaciones y calles por 72 millones de pesos a la empresa Titulatec, de los cuales se estableció que apenas recibió netos 3.3 millones de pesos.
Los sangrientos negocios del CEA.
La muerte de tres personas en San Pedro de Macorís puso en evidencia los sucios negocios que por décadas han realizado funcionarios públicos con los terrenos del Estado que administra el Consejo Estatal del Azúcar. La venta fraudulenta, sin aprobación del Congreso y la descarada estafa a ciudadanos que luego encontraban que el mismo terreno también había sido vendido a otros, es una muestra de la descomposición que se viene dando desde hace mucho tiempo en esta entidad del Estado. Es esta ocasión, el escándalo trasciende por la tragedia de tres muertos, entre ellos dos comentaristas radiofónicos, Luis Manuel Medina y Leo Martínez, quienes fueron asesinados por José Rodríguez (Joselito) mientras transmitían un programa de radio. El Ex diputado, Sergio Cedeño, vaticinó que Rodríguez sería asesinado para que no hablara. Posteriormente se dijo que se suicidó, aunque a sus familiares no se les permitió ver su cadáver.
El caso Diandino Peña
El Ingeniero Diandino Peña fue separado de su cargo de Director de la OPREP, luego del trabajo de investigación periodística de Alicia Ortega, el cual, entre otras cosas, demostraba que Peña hizo una declaración patrimonial de bienes que solo incluía el ingreso de los RD$150,000 que ganaba en la referida Oficina y afirmaba que no tenía ninguna empresa ni propiedades.
La periodistademostró queDiandino Peña había creado 19 empresas a nombre de familiares y socios, las cuales habían recibido contratos en la construcción del Metro de Santo Domingo por miles de millones de pesos. En noviembre, Ortega presentó pruebas de que el Zar del Metro había otorgado contratossin licitación a su hijo, yerno, ex esposa, amigos y a él mismo, por más de RD$4,600 millones de pesos, violando la Ley de Compras y Contrataciones 340-06.
El malecón de Nagua
Otra investigación periodística, sacó a relucir un caso del 2010. El malecón de Nagua. Una obra que se licitó por RD$499 millones de pesos y que luego, mediante adendas fue llevada a RD$1,600 millones. La obra fue adjudicada por la OISOE al Ingeniero Ozoria, demostrado socio del director de esa entidad, el Ingeniero Félix Bautista. Siete años después, el Municipio de Nagua sigue sin Malecón, a pesar de que se erogaron RD$499 millones de pesos.
La mafia criminal de la OMSA.
Este escándaloconmovióprofundamente a la sociedad dominicana por la mezcla de corrupción, mafia y crimen que actúa impunemente desde el Estado. El cadáver aparecido en un rio involucró al director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, Manuel Rivas, quien está preso junto a otros personeros de esa oficina, acusados de secuestrar y dar muerte al abogado Yuniol Ramírez para evitar que éste denunciara los manejos de funcionarios que robaban centenares de millones al Estado a través de la reparación o compra de autobuses.
El escándalo de los equipos de la Junta Central Electoral.
En elmes de noviembre, la Junta Central Electoral dio a conocer un Informe, elaborado porsu Gerencia Informática sobre los equipos que, en contra de todas las recomendaciones y con un concurso muy cuestionado, fueron adquiridos por Roberto Rosario para la automatización de las elecciones del 2016. El proceso estuvo cargado de irregularidades y denuncias, pero frente a todo el rechazo se impuso la voluntad del entonces presidente de la JCE, y gastó más de 1,889 millones de pesos en equipos que llegaron muy tarde, no se pudo entrenar al personal y, lo peor, por primera vez el proceso de cómputo electoral estuvo en manos de una empresa privada sin que el país lo supiera. El resultado es que todavía se deben más de 13 millones de dólares, los equipos están en un costoso almacén privado y los técnicos de la JCE recomiendan que no sean utilizados en el 2020 porque no ofrecen confianza.
Fraude millonario en los precios de paridad de importación del gas licuado
El pueblo ha estado pagando entre 20 y 23 pesos de más en el precio del gas y se pretende dejar esto sin establecer responsabilidades.
Al comenzar el 2013, el componente flete de la fórmula de precio de paridad para la importación de gas licuado de petróleo era de US$135.50 por tonelada métrica, pero en enero la Resolución 07 firmada por el ministro José del Castillo Saviñón, lo elevó a US$185.50. Pero al mismo tiempo lo establece en US$205.50, a partir del 6 de julio del mismo 2013, y a US$215.50 desde el 4 de enero del 2014, y finalmente a US205.50 desde el 3 de enero del 2015. Todavía más, la Resolución 365 BIS del 30 de diciembre del 2015, lo lleva a su mayor nivel, US$225.50 por tonelada métrica.
En síntesis, que de US$135.50, dos resoluciones, la primera de tres tramos, el precio fue elevado en 90 dólares por tonelada métrica. Recientemente, buscando más recursos para paliar los déficits fiscales, el ministerio de Hacienda”descubrió” que los importadores de gas se estaban engullendo, a costa de los consumidores, desde luego, entre 2,500 y 3,000 millones de pesos anuales, que ahora, en vez de devolverlos al precio de venta del gas, serán retenidos por el fisco. Y los pobres importadores de gas
seguirán con un negocio rentable. Eso quiere decir que en casi cinco años, esos empresarios fueron “ayudados” con una suma que oficialmente fluctúa entre 10,000 y 15,000 millones de pesos.
Retrasos institucionales y políticos
El poder Ejecutivo se queda con los fondos que las leyes atribuyen a los ayuntamientos, en más de dos tercios, al Poder Judicial en la mitad, a los municipios de explotación minera en 90 por ciento, y en gran proporción los correspondientes a la capitalización del Banco Central. Mientras el Presidente recorre el país en “visitas sorpresas”, repartiendo lo que se le niega a esas instituciones.
- El Congreso Nacional se ve relegado de su función legislativa respecto a la aprobación de la ley de partidos políticos. La decisión final para su sometimiento y posterior aprobación depende del Comité Político del PLD y, en última instancia, del acuerdo entre los dos líderes de las “corrientes” internas de ese partido.
- Estando prohibida la reelección presidencial del actual Presidente de la República, funcionarios cercanos al mandatario, dirigentes y legisladores del partido en el poder, la promueven abiertamente.
- La conformación por la Cámara de Diputados de una comisión de juristas para que la asesore en la redacción de las leyes contempladas en la Constitución de 2010 y en la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012, que no han sidoaún aprobadas, es otra prueba más del incumplimiento de lo establecido.
Poca confianza en la democracia y las instituciones fundamentales
- Según la última entrega del Latinobarómetro, el apoyo a la democracia en República Dominicana ha disminuido de un 65% en 2004 a un 54% en 2017
- En el Barómetro de Las Américas, correspondiente a 2016, encontramos que tiene confianza en las elecciones solo el 34.8% de la población y en los partidos políticos apenas llega al 26.7%
- La desconfianza de la ciudadanía se extiende al Congreso y a la Justicia. Según el Latinobarómetro de este 2017, el nivel de confianza en el Congreso es de apenas un 23% y el de la Justicia es de tan solo un 22%.
Desciende la valoración de la gestión del Presidente Danilo Medina
Llamó la atención que a partir del éxito del Movimiento Marcha Verde en su lucha contra la corrupción y la impunidad, las encuestas tradicionales no publicaban el resultado de estudios realizados sobre la situación política nacional.
La encuesta Gallup-Hoy, en su primera entrega el lunes 30 de octubre, mostróunadisminución de la valoración de que gozaba la gestión del Presidente Medina, que en febrero de 2014 alcanzaba un 87%, se había reducido a octubre de 2017 al 51.4%.
El partidismo y el sindicalismo en crisis
Las encuestas han mostrado que por primera vez menos de la mitad de la población expresa su afiliación o simpatía por los partidos políticos, y una mayor proporción no les tiene confianza. Sigue mostrando una aguda incapacidad para concertar acuerdos y para interpretar el sentimiento de la ciudadanía.
En el Partido Reformista Social Cristiano prosiguió la lucha de facciones por su control. En el Partido Revolucionario Dominicano, su presidente Miguel Vargas, amparado en el reparto de los cargos gubernamentales fruto de su alianza con el gobernante, sufre una reducción tan fuerte que 14 de los 26 diputados que obtuvo en el 2016 se han declarado independientes o han emigrado, principalmente hacia el Partido Revolucionario Moderno.
La situación del Partido de la Liberación Dominicana ya es definida como de crisis, por el prematuro enfrentamiento por la candidatura presidencial para el 2020. La mayoría de los organismos del PLD han dejado de operar y la confusión no permite visualizar árbitros que reencaucen ese partido.
Por su parte el Partido Revolucionario Moderno, resultado de la gran mayoría que abandonó el PRD, no ha dejado de confrontar tensiones. Aunque los organismos optaron por rechazar el padrón abierto que propulsa el sector peledeísta que domina el poder, un grupo interno no ha dejado de expresarse en dirección contraria, aduciendo libertad de expresión. Sin embargo el partido parece salir adelante con la elaboración de un padrón de miembros, que le permitiría realizar una convención para elegir autoridades a principios de febrero, lo que sería un éxito y demostraría que los partidos pueden tener un padrón eficiente y confiable.
Otros partidos de oposición, como Alianza País, Alianza por la Democracia y Dominicanos por el Cambio ha mantenido un discurso vigoroso en defensa de la institucionalidad democrática y condena de la corrupción y la impunidad. Unos ocho partidos opositores han mantenido a lo largo del año algún nivel de concertación.
Apatridia y violación de derechos humanos
Millares de dominicanos de ascendencia haitiana vieron pasar el año sin que se les restituyera la documentación de ciudadanía dispuesta por la Ley 169-14 que trata de enmendar la apatridia generada por disposiciones administrativas de la Junta Central Electoral y posteriormente por la sentencia 168-13del Tribunal Constitucional que trató de darle carácter jurídico.
Por otra parte, el Estado tampoco logró avanzar este año en el Programa Nacional de Regularización de Extranjeros. Como sólo una ínfima minoría, 7 mil 834 de los más de 230 mil 65 que solicitaron la regularización, han podido llenar los exigentes y costosos requerimientos, en Julio el Consejo Nacional de Migración le prorrogó por segunda vez a la totalidad el carnet provisional que les permite seguir en el país.
La Policía Nacional volvió a incurrir en frecuentes violaciones de derechos humanos, con decenas de ejecuciones extrajudiciales, amparadas en alegados intercambios de disparos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos cuantificó en unos 160 los muertos a manos de la policía, y denunció también la persistencia de redadas y detenciones masivas en violación de las normativas y los derechos individuales.
Por otro lado, los feminicidios alcanzaron este año niveles superiores a los anteriores, con casi 200 mujeres asesinadas, unas 85 a manos de amantes, esposos o despechados, dejando el país entre los tres de más alta incidencia en América Latina.
La Justicia dominicana siguió en declive
La Procuraduría General de la República inició una investigación que dio paso a la solicitud de medidas de coerción contra 14 personas, incluyendo un ministro, legisladores, funcionarios y ex funcionarios, a la mayoría de los cuales se les impuso prisión preventiva.
Sin embargo, las medidas de coerción originales no pudieron sostenerse en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, estando ya todos en libertad, a diferencia de otros países afectados por el mismo escándalo, donde los sometimientos continúan, y afectan a funcionarios, legisladores y hasta ex presidentes, muchos de los cuales guardan prisión.
Decepcionante ha sido que después de un año de investigaciones, la Procuraduría General haya concluido procesando tan solo a dos oficiales militares y cuatro empresarios, por el otro escándalo internacional de corrupción destapado en el exterior, el de los sobornos en la compra a la empresa brasileña Embraer de 8 aviones Tucano, la que confesó haber pagado unos 3.5 millones de dólares en sobornos para la aprobación del contrato.
Tampoco se sanciona dentro de la justicia
La situación del Poder Judicial es tan precaria como la del Ministerio Público. Los emblemáticos casos de la ex magistrada Awilda Reyes Beltré, y el ex miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, se encuentran en la fase de audiencia preliminar sin por lo visto exista la voluntad de llevarlos hasta las últimas consecuencias.
En el Poder Judicial ocurre lo mismo que pasa en el Poder Ejecutivo cuando tienen que enfrentar los casos de corrupción. Les basta destituirlos, sin que haya sanción penal contra los responsables. Así fueron destituidos en juicios disciplinarios Awilda Reyes Beltré, José Dionisio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, María Elena Quevedo Rosario, Altagracia Esther Mejía Roca, Margarita Cristo y José Antonio Cepeda.
Para el 2018 la situación empeorará pues el presupuesto asignado al Poder Judicial por primera vez en muchos años ha bajado del 1% del Presupuesto General de la Nación. Pareceríaque hemos retornado al sistema de Joaquín Balaguer, de hacer más dependiente al Poder Judicial estrangulándolo financieramente.
Desaceleración del crecimiento económico con mayor endeudamientoLa deuda consolidada, que ya sobrepasa el 54% del PIB, considerando la intergubernamental, presiona las finanzas públicas porque el pago de intereses se
acerca al 25% de los ingresos tributarios, siendo el segundo renglón de gastos luego de educación y por encima de salud. El servicio de la deuda, es decir los intereses y la amortización de la misma, superará el 39% de los ingresos tributarios en 2017.
Pacto eléctrico a medias y el fiscal en el olvido
Este año se logró un acuerdo para la culminación del Pacto Eléctrico. Sin embargo, a pesar de los tres años que tomaron las discusiones para el pacto, el documento final no contiene planteamientos profundos para cambiar la forma como hasta ahora han venido operando las empresas de distribución (las EDE).Sin cambios en ese segmento del sub-sector eléctrico que pierde el 33% de la energía distribuida, no es posible hablar de solución a un problema capital para los hogares y las empresas, así como para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El Pacto Fiscal siguió siendo evadido por el gobierno, acumulando cinco años de incumplimiento de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que lo dispone.
La informalidad laboral en 58.9 por ciento
Dicha realidad indica que casi seis de cada diez dominicanos se encuentran ocupando empleos informales, un factor que, junto a los bajos ingresos generados por la poca competitividad de la economía, obstaculiza la movilidad socioeconómica de la ciudadanía, a la vez que dificulta la posibilidad de los trabajadores poder cotizar a la seguridad social para un retiro digno al final de sus vidas productivas.
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