SANTO DOMINGO.- La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, manifestó su preocupación por la aprobación en única lectura por la Cámara de Diputados el nuevo Código Penal frente a la precaria situación en que se encuentran las instituciones de la justicia penal.
“No entendemos que, si se conocía que el Código Penal sería aprobado, no se incluyó en la Ley de Presupuesto General del Estado, las partidas necesarias para preparar a las instituciones para la puesta en marcha dicha normativa de coerción penal”.
El Código Penal, aprobado establece nuevos tipos penales, eleva las penas de 30 a 40 años a ciertos delitos, aumenta las penas a otros delitos ya configurados, incluye el cúmulo de penas hasta 60 años, lo que requiere más jueces en las salas de audiencias, más jueces en los tribunales colegiados, más fiscales, más defensores públicos, más policías, así como construir más centros de corrección y de resocialización (cárceles).
La dirigente de la sociedad civil lamentó que frente a la alarma social que vive la ciudadanía por las muertes violentas y los actos criminales, la respuesta de los congresistas sea el aumento de penas como política de seguridad ciudadana, traduciéndose en un atraso a la dogmática penal dominicana.
“En el estado en que se encuentran las instituciones del sistema de justicia penal, no es oportuno pretender que dentro de un año se pueda poner en vigencia una normativa penal sin las partidas presupuestarias necesarias para la preparación de las instituciones, del capital humano, capacitación y material educativo, estructura física, entre otros. Además, de que se debe interactuar con las facultades de derecho para la actualización de los docentes en la nueva normativa”, agregó la directora de Participación Ciudadana.
Esto es una muestra más de una ausente política criminal, donde carecemos de todo tipo de coordinación interinstitucional para implementar políticas públicas coherentes y con efectividad, indicó Sosa.
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