Odebrecht y descrédito de la clase política/Franklin Puello

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Mueve a preocupación que se puedan barajar nombres de líderes políticos y posiblemente de otras figuras del ámbito nacional como parte de las investigaciones por los sobornos admitidos poro Odebrecht que fueron pagados en el país por el monto de 92 millones de dólares durante el periodo 2001-2014.

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, debe sentir escalofríos cada vez que se encuentra con un nombre “sonoro”, en caso de que ciertamente esté implicado, pero peor momento tendrá cuando tenga la obligatoriedad de someter expedientes acusatorios ante las instancias judiciales.

La presión social se acrecienta como una ola y no creo que ninguna autoridad, por más encumbrada que esté, se atreva a encubrir responsabilidades ajenas para minimizar costos políticos que podrían diluirse en los próximos tres años, cuando el país estaría inmerso en otra contienda electoral.

Ante el mal momento que  afronta la actual gestión del presidente Danilo Medina, con menos de un año de juramentada para un segundo periodo, convendría que gente reconocida y de cuestionable trayectoria tenga que verse la cara con representantes de los tribunales para defenderse de las acusaciones que pudieran desprenderse de los documentos remitidos por el Ministerio Público de Brasil.

Desde ya, sin embargo, resulta altamente preocupante que amplios segmentos de la sociedad acumulen altos niveles de desconfianza ante el liderazgo político, con las persistentes especulaciones sobre nombres de dirigentes de varios partidos que saldrían a la luz pública como resultado de las investigaciones que realiza el procurador general Jean Alain Rodríguez y que serían confirmadas o no con las extensas documentaciones, cientos de acuerdo al Ministerio Público, que fueron enviadas desde Brasil con revelaciones de todas las operaciones fraudulentas a las que apeló Odebrecht para imponer su hegemonía en la construcción de proyectos de infraestructura en República Dominicana.

El futuro de nuestra clase política está en juego al estar atada a los datos que se desprendan del legajo de expedientes y revelaciones que traducen y cotejan técnicos y especialistas de la Procuraduría General de la República.

Pero también la credibilidad del Congreso Nacional sufrirá con los expedientes que resulten instrumentados por el Ministerio Público dominicano, ya que no hay duda de que el Poder Legislativo tuvo una actitud complaciente y “bendencía” cada proyecto de préstamos que correspondía a Odebrecht, además de que nunca preocupó a ninguna autoridad que esta empresa brasileña prácticamente había establecido un monopolio en el mercado de la construcción.

La complicidad parece ser de multicolor en la corrupción y la impunidad que caracterizaron todo el accionar de Odebrecht y sus posibles cómplices en el país, cuyos nombres habrán de conocerse en los próximos días con los sometimientos ante los tribunales, según ha prometido el procurador general.

El Ministerio Público y el propio Gobierno deben asimilar que en la ciudadanía existe crispación por este caso de Odebrecht, con el temor colectivo de que existirían intenciones y planes de encubrir a implicados que generarían ciertos efectos negativos en la imagen de la actual gestión y a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana u otra fuerza política o de otro ámbito social.

La conciencia despertada por el movimiento Marcha Verde debe motorizar la reflexión de la clase política en torno a que la población ha decidido levantar la bandera de lucha y de cohesión social, al margen de las ideologías y de los banderines político-partidos que se profesen.

La demanda por el cese de la impunidad y de la corrupción ha calado en la conciencia colectiva, por lo que nadie –no importa la jerarquía que tenga en el Gobierno o en los partidos políticos- puede concitar la reducción de su impacto en la estructuración de reivindicaciones sociales.

No hay duda que la clase política saldrá profundamente dañada con los resultados que saldrán de los sobornos de Odebrecht.

El Ministerio Público, por tanto, debe cerrar los ojos y actuar de acuerdo a las expectativas que enarbolan los dominicanos para cercenar la corrupción y la impunidad, abriendo la puerta a un real proceso de institucionalidad, con firmes bases en sólido  Estado de derecho y al margen de los intereses particulares político-partidarios.