DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Circunstancias ajenas a la rivalidad de la coyuntura política actual han obligado que el país sufra el aplazamiento de las elecciones presidenciales y congresionales previstas para el 15 de mayo y la nueva fecha sea el 5 de julio, bajo un acuerdo sin la existencia de un diálogo.
La causa de la postergación de ese certamen cívico y electoral es harta conocida: el coronavirus, que no solo ha tenido una incidencia negativa en país, sino también en otras naciones, de las cuales hay 35 que también se vieron obligadas a posponer la escogencia de sus nuevas autoridades.
Es harto conocido que la población dominicana atraviesa por una situación de pánico colectivo, con un saldo negativo de fallecimientos y contagiados, cuyas cifras lamentables finales habrán de analizarse cuando se haya superado el daño generado por esta pandemia.
En la realidad actual, sin embargo, no existen condiciones para que la ciudadanía deje el protocolo del distanciamiento social y se amotine en largas filas en centros electorales para sufragar por las nuevas autoridades que asumirán las riendas del país desde el Palacio Nacional, así como aquellos que tendrán la representación legislativa desde el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
La Junta Central Electoral trata de acomodar la logística y el trabajo programático para el 5 de julio, aunque existen expertos en materia de salud que descartan toda posibilidad de que el país pueda celebrar unos comicios en medio del peligro que pudiera representar un contagio colectivo producto del coronavirus.
Entonces, ¿cuál es el escenario actual? Que las autoridades gubernamentales y los sectores fácticos, incluidos las iglesias católica y evangélica, los partidos y organizaciones no gubernamentales, encaminen acciones comunes que apunten a la concienciación de la ciudadanía para que el Covid-19 deje ser una amenaza para la salud y siga con sus efectivos negativos en los aparatos productivos con una incidencia negativa en el crecimiento económico que registraba el país desde hacía años.
A partir de ahí, entonces, podría acordarse una fecha viable para la celebración de las elecciones presidenciales y congresionales, pero hay que procurarse evitar cualquier atentado jurídico o político al mandato constitucional que obliga la alternabilidad del poder a partir del 16 de agosto.
Lo que ocurra a partir de ahora con el coronavirus y la perspectiva real para concurrir a las elecciones venideras conducen a la necesidad de un acuerdo del liderazgo político, que conduzca al respeto del mandato estipulado en la Constitución de que nuevas autoridades deben instalarse en el Palacio Nacional, evitando así lo que expertos califican el camino de un “vacío institucional”, que vendría a representar una nueva experiencia, pero negativa, en el discurrir histórico del país. Es decir, que el aplazamiento de los comicios municipales de febrero pasado no debe producirse por fallas que fueron detectadas, posteriormente por técnicos de la Organización de Estados Americanos, en el uso del sistema para el voto automatizado y también por una “mala gestión” de la Junta Central Electoral.
Con ese nefasto episodio de febrero, la democracia sufrió una herida que no podrá borrarle, pero toda la sociedad dominicana está obligada en contribuir a que la Constitución de la República sea un baluarte y su respeto prima al margen de las apetencias político-electorales que puedan albergar sectores que piensen apostar a experiencias ilegítimas, cuando la voluntad debe ser sustentada en el sufragio de más de 7 millones de dominicanos que habrán de acudir a las urnas, en la fecha que se establece como parte de un acuerdo proveniente del consenso y del diálogo.
Es bien acogida con el presidente de la Junta Central Electoral y un miembro de esa institución, Julio César Castaños Guzmán y Roberto Saladín, respectivamente, dieran garantías de que ese organismo trabaja en los preparativos para las elecciones presidenciales y congresionales del 5 de julio, en una primera vuelta, y para el 26 de ese mismo, en caso de una segunda vuelta.
Así, al margen de los errores arrastrados por la frustración de los comicios municipales de febrero, la Junta se gana un espacio más para que la población pueda albergar la total credibilidad de que ciertamente se barajan mecanismos para canalizar la voluntad popular en el proceso del 5 de julio, aunque exista el convencimiento de que las condiciones generadas actualmente por el coronavirus imposibilite materializar ese proceso.
Hay que evitar que el país se desplome por un “vacío institucional”, como asegura Saladín. La Constitución traza el camino para auspiciar los mecanismos legales que garanticen que haya la alternabilidad necesaria a partir del 16 de agosto, lo que podría ocurrir si existe un diálogo franco entre los partidos y otros sectores nacionales, desprovisto –claro está- de todo matiz mezquino e ilícito, con fines mesiánicos y en evidente burla del orden constitucional.
La baraja está en la mesa de las negociaciones y de la perspectiva a corto y mediano plazo a la que conduzca el coronavirus.
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