Ministerio de Defensa allana empresas de seguridad e incauta armas de fuego irregulares y vehículos; apresa 80

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un total de 118 armas de fuego irregulares y seis vehículos incautados, así como 80 personas detenidas, fue el saldo de operativos que hizo la Superintendencia de Seguridad Privada, del Ministerio de Defensa, en varias empresas que operan en el Distrito Nacional y las regiones norte, este y sur del país.

Los allanamientos se produjeron en las compañías Guardianes Portorreal y Servicios de Seguridad RyP, propiedad de Luis Portorreal.

El director de la entidad, general Amílcar Fernández Tejada, dijo que las empresas allanadas operaba otra compañía para hacer operaciones financieras fraudulentas mediante un sistema para violar la regulación impositiva del país y así evadir el pago de impuestos y un plan de explotación a los empleados como vigilantes.

Los allanamientos a las empresas de seguridad privada fueron realizados luego de unalabor de inteligencia de siete meses con la participaciónde la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas de la PGR, la Fiscalía del Distrito Nacional, el  J-2 del Ministerio de Defensa, y la Direccion Central de Investigaciones Criminales (DICRIN) de a Policía Nacional.

Fernández Tejada,  dijo que la “Operación Raya” fue realizada a las empresas de seguridad por los diferentes organismos del Estado en su sede principal de las empresas en Santo Domingo y varias locaciones de la capital, Bávaro, Santiago, Barahona, Villa Altagracia y Pedro Brand y en las mismas se incautaron decenas de armas entre las cuales habían seis pistolas, 33 revólveres, 89 escopetas y seis vehículos.

Durante el allanamientoen Villa Altagracia las autoridades apresaron al armero artesanal,  Víctor Santiago de la Rosa propietario de los equipos especiales, maquinas y dados, para alterar  la numeración original de las armas y colocar otro número de un arma registrada legalmente que luego colocaban en distintos puntos del país.

“Detectamos que ese armero era una persona importante en la operación mafiosa de esa compañía porque era el responsable de borrar la numeración original y luego clonar  la numeración de un  armas con licencia registrada y de esta forma darla apariencia de legalidad y asipodían tener varias armas con la misma numeración en distintos puntos del país burlando la supervisión de las autoridades”, manifestó Fernández Tejada.

Luego de la labor de intenligencia –preciso- logramos identificar una serie de irregularidades y anomalías que las compañías GUAPOSA y RyP habían estado cometiendo, completamente violaciones a los establecidos por las normativas legales de la seguridad privada y el ordenamiento jurídico de nuestro país, preciso Fernández.

Indicó, que la compañía GUAPOSA fue objeto de una inspección luego de ser investigada donde detectamos que “tenía muchas novedades como armas perdidas, atracos a vigilantes de ellos mismos, entre otras por lo que en noviembrepasado la intervenimos por todas esas irregularidades”.

Fernández Tejada informo que cuando intervino a las empresas,  la Superintendencia colocó un oficial superiorpara manejar las  operaciones con ellos, “sobre todo para ejercer un debido control de las armas, y en ese tiempo detectamos que una de las armas que le ocupamos  la enviamos aInterior y Policía, luego otra arma que tenían y que habíamos entrado ala base de datos tenían la misma numeración por lo que iniciamos la investigación y una operación de inteligencia”.

En la investigación se detectó que las compañíasvendían“los servicios muy por debajo del precio base, del precio  piso del mercado establecido por la superintendencia. Entonces, pudimos contactar que tienen otra compañía en la que hacen operaciones financieras fraudulentas para evadir y burlar al fisco,  con un sistema de pago a los empleados, a los vigilantes prácticamente de explotación, utilizando además personal de nacionalidad extranjera, personal sin documentación legal ni dominio del idioma y la cultura dominicana”.

Todas las propiedades ocupadas alas empresas de seguridad están en poder del Ministerio Publico, mientras se realiza el cotejo de las armas de fuego incautadas, para fines de experticias y depuración para proceder legalmente contra los representantes de las empresas involucradas en apego a las normativas procesales de a República Dominicana.