Mérido Torres, encargado de Titulación del Estado, niega ser parte del entramado de la operación Calamar

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-.

Tras ser mencionado en el expediente de la Operación Calamar, por el que guardan prisión tres exministros y otros e 17 exfuncionarios del pasado Gobierno, el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, Mérido Torres, aseguró que no piensa renunciar ni pedir licencia al Poder Ejecutivo.

Se desvincular de cualquier participación en la trama que se acusa a los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por un alegado fraude por más de 19 millones de pesos.

Torres aclaró que fue abogado de una familia que fue beneficiada con el pago de unos terrenos de su propiedad en el Aeropuerto Internacional Las Américas.

Indicó que esa representación legal fue asumida por su oficina en 2017 y un tribunal emitió una sentencia favorable en 2020, cuando se produjo el pago del Estado y del cual solo ha recibido el 15 por ciento de sus servicios.

Los terrenos están ubicados amparados en el certificado 46572, con una extensión de 168 mil 966 metros cuadrados, expropiados mediante el decreto 1159 del 19 de septiembre de 1955.

Los fondos fueron librados en el pago 52-01 y de los cuales Torres recibió el monto de 32 millones 65 mil 992 mil pesos, que alega corresponden a sus servicios profesionales.

Advirtió que someterá a la Justicia a toda persona que lo haya difamado al vincularlo en el expediente Calamar.

Sin embargo, en el expediente se indica que la erogación de los mil treinta millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos pesos dominicanos con 00/100 (DOP 1,030,692,600.00), en base a un expediente de expropiación que no cumplía con las exigencias legales, no fue para beneficiar a los supuestos herederos y resarcirlos por la expropiación de los terrenos, donde en la actualidad está ubicado el Aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA), sino a las interpósitas personas señaladas precedentemente, quienes se quedaron con la totalidad del dinero público liberado mediante el libramiento 52-1.

“Estas supuestas deudas, eran reconocidas mediante cesiones de créditos que carecen de fecha cierta y que no habían sido notificadas a la institución ejecutora, es decir, a la Dirección General de Bienes Nacionales, al momento de la elaboración y firma del acuerdo transaccional. Sin embargo, las acreencias de estas deudas fueron establecidas en la distribución programada para el primer pago, hasta un 80% de su valor”, precisa el Ministerio Público.