Más del 60 % de la población activa trabaja en la economía informal

La mayor parte de la economía sumergida, el 93 %, se localiza  en los países emergentes y en desarrollo.

Por regiones, los empleos informales suponen casi el 86 % de los trabajos a los que opta la población activa en el continente africano, seguido por los Estados Árabes y Asia y el Pacífico con un porcentaje alrededor del 68 %.

En Sudamérica, América Central y el Caribe representa más de un 50 % de la población activa. Por países varía del 24,5 % de Uruguay a alrededor de un 80 % en Honduras, Guatemala y Nicaragua, y aún es superior a ese registro en Bolivia.

En Europa y Asia Central solo afecta al 25 % de la población.

El empleo informal afecta más a los hombres… pero no en América Latina

A nivel global, la mayor parte de empleos informales son ocupados por hombres, aunque también afecta a unos 740 millones de mujeres, una gran parte de ellas en países con ingresos bajos o medios bajos.

Sin embargo, la relación se invierte en América Latina, donde la tasa de mujeres en el sector informal es más alta que en la de los hombres, especialmente en América Central.

La proporción de empleo informal en la región también es relativamente alta para la población joven, representando un 46,2 % en comparación con el 40,4 % de los adultos.

A más educación menos informalidad

El estudio destaca que las personas que lograron finalizar la educación secundaria y superior tienen menos probabilidades de trabajar en el campo informal que los individuos que solamente finalizaron los estudios primarios o carecen de ellos.

Otro factor decisivo es la localización geográfica, ya que los habitantes de las zonas rurales tienen casi el doble de posibilidades de formar parte de la economía informal que los residentes de en áreas urbanas.

Por sectores, el más afectado es la agricultura, donde se estima que se alcanza un porcentaje superior al 90 %.

La Organización Internacional del Trabajo destaca la necesidad de favorecer la transición de los trabajadores a la economía formal con el objetivo de promover la creación, preservación y sostenibilidad de las empresas, y para prevenir la precarización de los empleos.

Una de las autoras del informe, Florence Bonnet, recalcó la necesidad de luchar contra la informalidad pues “para cientos de millones de trabajadores, implica una falta de protección social, derechos en el trabajo y de condiciones decentes, y para las empresas significa una baja productividad y la falta de acceso al crédito. Los datos sobre estas cuestiones son esenciales para elaborar políticas apropiadas e integradas que se ajusten a la diversidad de situaciones y necesidades”.

Para favorecer la transición hacia la economía formal, la Organización hace una serie de recomendaciones, entre las que destacan:

• políticas macroeconómicas de fomento del empleo que respalden la demanda agregada, la inversión productiva y la transformación estructural, promuevan empresas sostenibles, sustenten la confianza de las empresas y corrijan las desigualdades;
• políticas comerciales, industriales, tributarias, sectoriales y de infraestructura que fomenten el empleo, eleven la productividad y faciliten los procesos de transformación estructural;
• políticas empresariales que fomenten empresas sostenibles y que favorezcan en particular las condiciones para un entorno propicio, teniendo en cuenta la resolución y las Conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles, adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 96.ª reunión (2007), lo que comprende el apoyo a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas, al emprendimiento y a normativas bien diseñadas, transparentes y adecuadamente difundidas que faciliten la transición a la economía formal y una competencia leal;
• políticas e instituciones para el mercado laboral con el fin de ayudar a los hogares de bajos ingresos a salir de la pobreza y obtener empleos libremente elegidos, tales como: políticas salariales adecuadamente formuladas que incluyan el salario mínimo; dispositivos de protección social que incluyan las transferencias en efectivo; programas de empleo público y mecanismos de garantía; y una mejor divulgación y prestación de servicios de empleo entre las personas ocupadas en la economía informal;
• políticas de migración laboral que tengan en cuenta las necesidades del mercado de trabajo y que promuevan el trabajo decente y los derechos de los trabajadores migrantes;
• políticas de educación y de desarrollo de competencias laborales que respalden el aprendizaje a lo largo de la vida, se adecúen a las cambiantes necesidades del mercado laboral y a las nuevas tecnologías y reconozcan los conocimientos adquiridos previamente, por ejemplo, en los sistemas de aprendizaje informales, ampliando así las opciones para la obtención de un empleo formal;
• medidas integrales de activación que faciliten la transición de la escuela al trabajo, en particular para los jóvenes desfavorecidos, como los mecanismos que garantizan el acceso de los jóvenes a la capacitación y al empleo productivo continuo;
• medidas para promover la transición desde el desempleo o la inactividad hacia el trabajo,
• en particular para las personas desempleadas de larga duración, las mujeres y otros grupos desfavorecidos, e
• sistemas pertinentes, accesibles y actualizados de información sobre el mercado de trabajo.