DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- En cualquier país con instituciones funcionales servir al Estado enorgullece, constituye un honor y representa una experiencia a la que no pocos aspiran para hacer carrera, lograr movilidad social, ascender sobre la base de las capacidades y el talento con la certidumbre de un retiro digno y la satisfacción del deber cumplido.
Aquí, pese a los esfuerzos por la modernización del Estado, las reformas y la adopción de procesos basados en las mejores prácticas, sigue cobrando cuerpo la percepción de que el Estado dominicano es un receptáculo de mediocres, trepadores, “avivatos” y negociantes con los bienes públicos.
Si bien el sector público acoge a mucha gente de esa calaña como expresión del clientelismo y el paternalismo que llevamos agazapados, la verdad es que contamos con una abundancia de técnicos, profesionales de primera línea que, en silencio, con militancia partidaria o no, hacen grandes aportes al Estado.
Esa élite de tecnócratas que asume su formación continuada, sigue las normas y respeta las reglas de la burocracia estatal, tiene que convivir con una claque proveniente del “caravaneo”, de la teatralidad política sobre una patana que espera como compensación puestos públicos, aunque carezca de méritos.
La militancia política es un derecho, un ejercicio respetable que no debería disociarse de la formación, la práctica de valores, la ética y la transparencia. La astucia no tiene que ser el eje dominante para obtener espacios en la función pública.
He vivido desde las entrañas del monstruo el rigor de los procesos de compras y contrataciones, la dureza de las normas contables, la odisea que implica lograr un desembolso, las frecuentes auditorías internas y externas, los controles a veces irritantes. Pero afuera se impone la percepción de un Estado desorganizado, dispendioso y corrupto.
Otras percepciones –que empeoran la imagen del Estado- se suman a la desafortunada fotografía: Todo el que asume una función pública en la que se toman decisiones está bajo sospecha. No sólo es pasible de cuestionamientos públicos, a veces con base en la subjetividad, el odio y la envidia de terceros. También se puede caer preso, en el descrédito y la destrucción moral. De ministro a presidiario hay un solo paso.
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