DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El país está bajo el embrujo de una campaña electoral que culminará en menos de un mes con nuevas autoridades en el Palacio Nacional y en el Congreso Nacional, igual como se hizo con las votaciones de marzo pasado que permitieron la escogencia de representantes en las diferentes alcaldías y en los distritos municipales.
Y es bueno que este proceso arbitrado por la Junta Central Electoral culmine con la esperanza de que sirva al fortalecimiento democrático e institucional del país, dejando en el pasado los traumas de irregularidades y de maniobras para intentar una alteración vulgar de la voluntad popular, alejada inclusive de las expectativas de la sociedad dominicana.
De ahí que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, en encuentros con los candidatos presidenciales de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y Luis Abinader, por el Partido Revolucionario Moderno, fuera insistente en que las elecciones previstas para julio deben ser totalmente transparentes y que sus resultados deben de ser acatados por los entes políticos y también por la ciudadanía, agregando nosotros de nuestra parte, siempre y cuando la Junta Central Electoral despeje cualquier duda de parcialidad y actúe con el temple que las circunstancias exijan, sin importar que el producto final del proceso beneficien al sector que no se esperaba como vencedor.
La actual campaña electoral ha estado matizada por la perspectiva inesperada del coronavirus, que ha cambiado el estilo del proselitismo, pero también ha permitido que los partidos tengan que recurrir a innovaciones y prácticas para promover a sus candidatos al Palacio Nacional, a la Cámara de Diputados y al Senado.
Si bien no hay forma de desacatar el veredicto que provendrá de las urnas, es necesario precisar que el país está encaminado a asumir retos provenientes de dificultades económicas, sociales e institucionales que obligarán a los actores nacionales ha deponer de intereses particulares para aunar los esfuerzos que se requieran para que la sociedad dominicana pueda salir a flote, por lo que es urgente que los dominicanos entiendan que sus sufragios son de cardinal importancia para que el Presidente de la República favorecido con la voluntad popular reúna los méritos de credibilidad, idoneidad y pulcritud en su ejercicio público, al margen del partido que lo lleve abanderado para las elecciones de julio.
Ni los candidatos presidenciales, ni los aspirantes al Congreso Nacional, mucho menos los integrantes de los partidos deben estar manchados con prácticas reñidas con las leyes, la moral y la dignidad que ha caracterizado al pueblo dominicano.
Por tal razón, se han aprobado leyes que persiguen que haya un uso correcto de los recursos del Estado y evitar que su manejo puedan tener alguna influencia a favor de determinados candidatos presidenciales y de protegidos por las autoridades de turno.
Es virtud de esa preocupación colectiva se ha buscado que haya pulcritud en las inversiones de los partidos con una ruta determinada de los ingresos para la campaña y en otros gastos durante el correr por los cargos públicos, tratando así de que el narcotráfico o sectores amparados fuera de las leyes quieran financiar las actividades políticas con facturas futuras que solo vendrían a lesionar el ejercicio puro de las nuevas autoridades.
Los candidatos que corren con el interés de llegar al Palacio Nacional y al Congreso Nacional deben tener claro que llegará el dinero que tendrán que rendir cuentas a la colectividad y también a su conciencia sobre su trayectoria y el manejo de los recursos públicos puestos bajo su responsabilidad.
La cita para el 5 julio se acorta cada segundo, cada minuto y cada día, por lo que la sociedad dominicana debe velar para que la Junta Central Electoral cumpla con el cronograma de los trabajos y con la perspectiva definida sobre su responsabilidad ante la democracia y la sociedad, sin aceptar presiones ni contratiempos que solo sirvan de pretexto para llevar al país a un callejón sin salida, cuando el resultado final debe ser la proclama de los reales ganadores del certamen cívico, solo con el conteo y el reconteo si fuese necesario de los sufragios depositados en las urnas.
Y, como es de esperarse, el partido que ganó, entonces será el proclamado. Así de sencillo.
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