La PGASE denuncia que jueces de Santiago obstruyen persecución del fraude

SANTIAGO.- El director de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), magistrado Iván Lorenzo, se quejó por la forma “flexible y complaciente” con que algunos jueces del Departamento Judicial de Santiago manejan los casos de fraude eléctrico que se le presentan.

El representante del Ministerio Público afirmó que en varias oportunidades la PGASE ha solicitado órdenes de allanamiento y de arresto contra personas o entidades señaladas como posibles autores robo de energía y determinados jueces de Santiago la han negado argumentando una base jurídica no convincente.

El funcionario advirtió que esa actuación es una violación del artículo 185 del Código Penal Dominicano que castiga el abuso de la autoridad judicial en el cual se establece que “el juez o tribunal que, maliciosamente, o so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, se negare a juzgar o proveer los pedimentos que se le presenten y que persevere en su negativa después del requerimiento que le hagan las partes serán castigados con multas e inhabilitación desde uno hasta cinco años para cargos y oficios públicos”.

Lorenzo dijo que la situación ha permitido que violadores de la Ley General de Electricidad 125-01 modificada por la 186-07 sigan cometiendo el ilícito sin ser castigados como establece la norma.

Entrevistado en el programa Al Punto que produce el periodista Ramón García por Telefuturo, canal 23, el magistrado Lorenzo
agregó que el Estado pierde cada mes unos dos mil millones de pesos por concepto de robo de energía y que, en el marco del Pacto Eléctrico, corresponde a todos los actores contribuir para eliminar los obstáculos que impiden solucionar de manera definitiva los problemas del sector.

En tal sentido, adelantó que la PGASE está preparando un expediente para querellarse por ante el Consejo del Poder Judicial debido a que se está impidiendo u obstruyendo la persecución de un delito por el que cada año el Estado debe erogar más de 600 millones de dólares.

De acuerdo a la denuncia del magistrado Lorenzo, desde que fue designado en la PGASE ha tenido que enfrentar constantemente por las negativas de los jueces a otorgar la autorización para realizar pesquisas lugares donde es casi seguro que hay fraude energético contra la Empresa Distribuidora Edenorte Dominicana.