DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Todo el país estuvo a la expectativa desde que el presidente Luis Abinader amenazara a los funcionarios del actual Gobierno de que serían suspendidos aquellos que no presentaran sus declaraciones juradas de bienes.
El plazo fue claro: el 15 de septiembre. Sin embargo, fallas técnicas obligaron que la Cámara de Cuentas otorgara una prórroga hasta el 28 de septiembre, pero de todas formas hubo 1,700 funcionarios de la actual gestión que desoyeron la advertencia del Mandatario y no declararon su patrimonio.
Es decir, que la palabra pública del presidente Abinader solo tuvo validez en el momento de la alerta.
“El que no declare va a estar suspendido”, ratificó el presidente Abinader la tarde de este miércoles, a pocas horas de vencido el plazo la medianoche del lunes.
Pero estos funcionarios actuales y pasados deben ser tramitados ante el Ministerio Público para cumplir con el rigor de la legislación y quien tenga cumpla pendiente en el manejo del erario, pues entonces sea traducido a los tribunales.
No es posible que las leyes se conviertan en letras muertas para incumbentes que presumen estar por encima de todo el país.
El presidente Abinader no solo debe cumplir con la palabra empeñada de que serán suspendidos, sino que también debe trazar la firme señal de que no tolerará que ningún colaborador por más cercano que esté a su entorno, pueda hacer alarde de gozar privilegios que no les otorgan las leyes.
Sólo así, en el país se fortalecerá la institucionalidad y habrá respeto a las leyes.
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