DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- En la cultura latinoamericana se suele conceder la indulgencia a toda persona que fallece, bajo el predicamento de que “no hay muerto malo”, una conducta colectividad a través de la cual una importante cantidad de canallas se ha librado del juicio de la historia.
Eso de que “se murió, ya pagó” no debería ser la norma, sino que más bien la correcta debe ser “el que la hace, la paga”.
Es el caso de la actual Junta Central Electoral (JCE), sobre la cual hemos observado una importante cantidad de elogios por la culminación, más o menos normal, del último tramo de los procesos comiciales del año 2020.
Son elogios inmerecidos, en razón de que la gestión de la JCE no puede ser medida por el relativo éxito de uno de esos procesos, sino evaluada en su conjunto, a partir de lo cual su desempeño no puede ser el mejor.
El fracaso de la Junta empezó el 6 de octubre con una pésima administración electoral que marcó la ruta de lo que sería un catastrófico devenir, cuyo clímax sería el colapso de las elecciones municipales del 16 de febrero, una mancha sobre la honra institucional de la República Dominicana que perdurará como un escarnio por los siglos.
Ese descalabro, más la burla de octubre, bastaría para arrojar la JCE hacia el más profundo desprecio de la historia, sin importar que posteriormente lograra montar los eventos de marzo y el recién concluido.
El decir, que el “éxito” de las municipales y las presidenciales no puede eliminar las manchas de octubre ni mucho menos el indeleble baldón de cargar con el único proceso electoral abortado en la historia de la República Dominicana, justo por una deleznable imprevisión gerencial.
Nadie que nos vengan conque un clavo saca otro clavo. Recurrir a ese bajadero para repartir indulgencias ha provocado que más de uno se crean merecedores de la gloria, cuando en realidad su destino debe ser otro.
En resumen, la actual ha sido una de las peores juntas que uno recuerde. Y eso que hemos tenido verdaderos desastres. Conste que escribo con mucho dolor, dado el gran aprecio que siento por algunos de sus miembros, en particular el doctor Roberto Saladín, por cuya integridad me juego la cabeza. Pero el tema no es individual, sino que analizamos un colectivo.
Si fuésemos a juzgar con apego a la verdad, creo que los verdaderos héroes del salvamento de los procesos pasados habría que buscarlos en los órganos jurisdiccionales que de manera sistemática tuvieron que enmendar la plana a la JCE.
Y hablamos, sobre todo, del Tribunal Superior Electoral, cuyas decisiones resultaron cruciales para componer los entuertos de la JCE que amenazaban la integridad de los procesos bajo su responsabilidad.
Sin dejar de reconocer, asimismo, la parte que le correspondió desempeñar al Tribunal Superior Administrativo (TSA) en esa labor titánica de varios actores del proceso que se vieron permanentemente sometidos al asedio del poder que con frecuencia contó con la actitud entregada y complaciente de la Junta.
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