DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Desde hace meses que el país está inmerso en un debate sobre el aborto y la inclusión de las tres causales (malformación del feto, incesto o violación y peligro de la vida de la madre) en el proyecto de ley para modificar el Código Penal que reposa en la Cámara de Diputados.
Es cuestionable que expertos en materia legal y dirigentes con larga trayectoria política y pública jueguen a la politiquería mediática en la disputa entre los sectores que se mueven a favor y en contra del aborto y de la despenalización en el Código Penal, lo que ha servido solo para fomentar la división de la sociedad.
Existe un marco jurídico que puede servir para despejar el panorama en medio del conflicto por las tres causales y el aborto, que lo constituye la Constitución.
Resulta inexplicable que por posiciones interesadas y antojadizas se quiera desconocer el mandato constitucional sobre el derecho a la vida y la prohibición de la pena de muerte.
Quiérase o no, permitir el aborto como quieren grupos feministas sería lo mismo que aplicar la pena de muerte a criaturas indefensas que merecen respeto desde el mismo momento de la concepción.
En su artículo 37, la Constitución dominicana es clara: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.
Si así reza la Carta Magna, madre de todas las leyes y reglamentos, ¿por qué se presiona al Congreso Nacional y al Gobierno por su violación?
El Estado es garante de la vida de los ciudadanos y nadie puede, mediante un código o una ley, abrogarse el derecho de cercenar una vida que tenga en su vientre de manera antojadiza.
El embarazo por violación o incesto representa una de las tantas desgracias que sacuden a la sociedad, que obliga al Estado y a las diferentes instancias del país a abordar esta problemática con una responsabilidad urgente, con un enfoque estructural y con perspectivas de solución.
El debate por el aborto y las tres causales está manchado por un matiz político que en nada constituye a una salida apropiada en el corto plazo.
La discusión debe desarrollarse en el campo científico y desde una visión institucional, nunca en medio de las diatribas ideológicas que ahora se enfrentan en diferentes escenarios por grupos abortistas y otros denominados provida.
Desde siempre la sociedad ha repudiado el aborto. Desde siempre los ciudadanos se han declarado amantes de la vida, aunque hechos deleznables manchan la sana convivencia y el buen ganado estado de derecho que caracteriza al país.
Se necesita un desprendimiento de las pasiones y de las rivalidades para enfocar mejor el debate y una posible solución al conflicto del aborto y las tres causales. Nadie puede resultar vencido y derrotado, no importar en el terreno que cada quien se encuentre.
¿Está la sociedad dominicana para permitir que se fomente el aborto de manera alegre? ¿Está el Gobierno dispuesto a asumir el costo político de inclinarse a favor o en contra de las tres causales?
Insistimos: el camino viable para resolver el conflicto sobre el aborto y las causales reposa en la Constitución de la República.
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