SANTO DOMINGO.-El doctor Julio Cury exhortó al Congreso Nacional a legislar para tipificar los errores judiciales que den lugar a indemnización a favor de las víctimas, y de inmediato sugirió incluir el padecimiento inmerecido o injusto de prisión provisional durante el curso de una investigación penal.
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Consideró injusto que una persona que no haya tenido participación alguna en la comisión de delitos atribuidos y por los que estuvo privado de libertad, no sea luego indemnizada. Dijo que si se demuestra la ausencia de responsabilidad penal por los cargos que han dado lugar a la privación de su libertad, deben reparársele los daños que le han sido ocasionados.
“La internación de una persona en un centro carcelario, por corta que sea su duración, causa angustia, frustración, desasosiego, perturbación emocional, desprestigio social y la ruptura con el entorno laboral y familiar, efectos todos que tienen sobrada relevancia para ser compensados en las hipótesis que he planteado”, explicó.
Alegó que en el país es fácil disponer de la libertad de personas a través de la prisión preventiva en base a “indicios débiles o inferencias subjetivas” que, según Cury, se prestan en muchos casos a errores en desmedro del derecho fundamental a la libertad individual que el Estado debe preservar y garantizar.
“Cuando el imputado ha sido sometido a prisión preventiva y es luego absuelto por sentencia firme o favorecido con el archivo definitivo del caso, se presume irrefragablemente que no ha violado ley alguna que apareje como consecuencia la sanción que ha padecido, en cuyo caso se impone la reparación integral del perjuicio moral sufrido”, adujo el reconocido jurista.
Agregó que el Estado debe indemnizar todo daño antijurídico que produzca cualquiera de sus autoridades por hechos, actos u omisiones, tales como los errores judiciales y la privación injusta de la libertad. “Siempre he creído que la restricción de un derecho fundamental y consustancial al hombre no debería partir de sospechas o meros indicios, pero sea como fuere, las equivocaciones del aparato punitivo deben comportar consecuencias patrimoniales para el Estado”, aseguró Cury.
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