Jueza aplaza para el domingo conocer coerción contra exministros y exfuncionarios acusan de corrupción

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-

Fue aplazado para el domingo el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los exministros y los otros exfuncionarios del pasado Gobierno acusados de corrupción por más de 19 mil millones de pesos.

La decisión fue tomada por la jueza de la bOficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, La magistrada Kenya Scarlet Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, y la audiencia será a partir de las nueve de la mañana del domingo.

La directora de Persecución y el titular de la Procuraduría de Persecución de la Corrupción, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, representan al Ministerio Público en el conocimiento de la medida de coerción contra los exministros y los otros exfuncionarios del pasado Gobierno acusados de corrupción por más de 19 mil millones de pesos.

El Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión preventiva contra Donald Guerrero, exministro de Hacienda; José Ramón Peralta, exministro de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas  y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.

Otros imputados en la denominada Operación Calamar son el excontralor  general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

Asimismo, el exdirector de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero, el xdirector Juegos de Azar, Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández y Marcial Reyes,

De igual forma, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward,  Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

Estos arrestados son acusados de “asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros” que afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.