Juez de la Suprema decide esta tarde sobre coerción contra acusados por sobornos de Odebrecht

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, decide la tarde de este miércoles sobre la solicitud de medida de coerción interpuesta por el Ministerio Público contra diez de los catorce imputados de recibir pago de sobornos por parte de Odebrecht, luego de que la defensa alegara violación procesal en virtud de que los acusados no fueron notificados de manera formal.

Cerca de las cuatro de la tarde de este martes fue que la Procuraduría General de la República apoderó al juez Ortega del documento mediante el cual avala el pedido de la coerción contra los encartados, contentiva a 18 meses de prisión preventiva por la acusación de asociación de malhechores, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y prevaricación, entre otros delitos.

El magistrado de la Suprema Corte escuchó las diferentes deliberaciones de los abogados de cada uno de los acusados y pasada la una de la madrugada de este miércoles decidió recesar la audiencia para las cinco de la tarde de este miércoles en la Sala Augusta de ese tribunal.

El juez dispuso que los abogados de la barra de la defensa procedan a retirar en horas de la mañana todo el expediente acusatorio elaborado por la Procuraduría General de la República para someter a la Justicia a un ministro, exfuncionarios, legisladores y exlegisladores por el caso de Odebrecht.

Entre los acusados están Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio; Radhamés Segura, exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas; Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno; Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado; Máximo D’Oleo, miembro del PRM; el Ruddy González, exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano; el empresario Ángel Rondón, el abogado Conrado Pittaluga; los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado Alfredo Pacheco.

En su dictamen, el juez Ortega decidió mantener en prisión a estos imputados a pesar de que la defensa alegaba que no hubo notificación de parte de la secretaria del tribunal del conocimiento de la medida de coerción ni de las causas de los apresamientos.

Acusación de la Procuraduría

Al grupo de imputados integrado por Ángel Rondón Rijo, César Sánchez, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez Hernández, Temístocles Montás, Máximo De Oleo, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González y Víctor Díaz Rúa, se le atribuye haber incurrido en distintas formas, en todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Estas infracciones están consignadas en los artículos 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 2 y 7 de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que era la norma vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos, y los artículos 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

La PGR dijo que durante la audiencia de medidas de coerción el Ministerio Público estuvo representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, acompañada de los fiscales Milcíades Guzmán, Wilson Camacho, Joel López, Narciso Escaño, Carmen Díaz Amézquita, Francisco Polanco y Wagner Cubilette.

Recordó que por los sobornos pagados por la empresa Odebrecht además están señalados el diputado Alfredo Pacheco, y los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, para quienes la Procuraduría General de la República solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, respectivamente.

El organismo dijo que también está implicado Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra en Panamá y cuya orden de arresto fue notificada a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

La PGR indicó que en torno a este caso el Ministerio Publico continua adelante con la investigación iniciada a finales de diciembre pasado, con la  finalidad de determinar si otras personas o empresas están involucradas.

La presidencia del tribunal dispuso un receso en la audiencia para continuarla hoy miércoles a las 5 de la tarde, a fin de que los abogados de los imputados, a través de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, puedan tomar conocimiento de los documentos depositados por el Ministerio Público.