SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) solicitó a la Procuraduría General de la República recurrir en casación la sentencia emitida por tres de cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia que favorecieron con un recurso de No ha lugar al senador Félix Bautista y otros implicados en un expediente de corrupción cometida en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
Osvaldo Oller Bolaños, presidente de Anje.
La posición de los jóvenes empresarios se produce en medio de que diferentes sectores reclaman que el Ministerio Público someta ese recurso contra el fallo de los jueces Frank Soto, Hiroito Reyes y Daneira Marianny García a favor del senador Bautista y otras seis personas acusadas de irregularidades en la dependencia pública. Las magistradas Miriam Germán Brito y Esther Agelán Casasnovas emitieron un voto disidente.
La Anje entiende, de su lado, que el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, debe recurrir esa sentencia de la Sala Penal de la Suprema para agotar todas las vías legales correspondientes.
El fallo también beneficia a José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez y Grisel Araceli Soler Pimente, Soraida Abreu Martínez y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.
Procurador: “Basta de impunidad”
Las autoridades del Ministerio Público calificaron de nefasta y un duro golpe a la lucha contra la impunidad, la decisión de los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que ratifica el Auto de No Ha Lugar emitido a favor del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Félix Bautista, y otros seis acusados de corrupción y lavado de activos.
Indicaron que con ello se desacredita el sistema de justicia y se da un mal ejemplo a la sociedad y a todos aquellos que ocupan una función pública.
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, condenó la decisión tras advertir que
Francisco Domínguez Brito.
constituye un franco retroceso al combate de la corrupción administrativa y el mal uso de los fondos públicos.
“Se trata de una decisión que va muy en contra del interés nacional y de lo que establecen la Constitución y las leyes. El recurso de apelación interpuesto en contra del Auto que favoreció al grupo de implicados, fue muy amplio, con fundamentos jurídicos relevantes y suficientes para su revocación y el envío de este caso a juicio de fondo”, manifestó.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, integrada por los jueces Miriam Germán (presidenta), Esther Angelan Casasnovas, Fran Euclides Soto, Juan Hirohito Reyes y Mariana Daneira García Castillo, con el voto disidente de las dos primeras juezas, ratificó el Auto de No Ha Lugar que fue emitido el pasado 27 de marzo por el juez Alejandro Moscoso Segarra a favor del senador Félix Bautista y otros seis implicados en el caso, quedando así rechazada la solicitud de revocación hecha por el Ministerio Público mediante recurso de apelación.
Las autoridades del Ministerio Público expresaron que es una decisión muy negativa, que marca de manera lastimosa los esfuerzos hechos para que el país tome un rumbo diferente en cuanto al castigo de todo el que dé un uso irregular a los recursos del Estado.
Recordaron que es uno de los casos más grave de corrupción administrativa que se haya registrado en la República Dominicana, y en ese sentido, destacaron la seria labor de investigación llevada a cabo a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para recolectar el legajo de pruebas que sustentan el extenso expediente acusatorio instrumentado en contra del grupo.
A través de un comunicado de prensa además reiteraron que seguirán haciendo cuantos esfuerzos sean necesarios para perseguir las acciones dolosas cometidas en perjuicio del Estado dominicano y procurar que en cada en cada caso se imponga la sanción que corresponda.
Cuestiona impunidad
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios urgió este martes porque el Gobierno enfrente las debilidades institucionales que faciliten la impunidad en materia de corrupción, tras externar su preocupación por el panorama actual ante las decisiones emanadas de las instancias judiciales altamente cuestionadas.
La preocupación de los jóvenes empresarios viene dada ante la percepción de que el actual panorama impacta de forma negativa el clima de negocios en el país.
En la posición de Anje externada por su presidente, Osvaldo Oller Bolaños, se advierte que el Índice de Competitividad Global 2015-2016 coloca a República Dominicana en la posición 98 de 140 economías.
“El país posee grandes oportunidades de mejora en indicadores como corrupción, confianza pública en los políticos e independencia judicial, siendo esto un gran reto para un avance más significativo de nuestra competitividad como país”, se precisa en una declaración pública de esa agrupación empresarial.
Asegura que la existencia de debilidades institucionales para castigar la corrupción afecta el crecimiento social y económico de la nación, además de que ha limitado el desarrollo de nuevos esquemas de negocios, “situación que ha impedido la asignación de recursos y su eficiente utilización en áreas sensibles, básicas y fundamentales para el desarrollo humano de la población y la conquista de un auténtico Estado Social y Democrático de Derecho”, insiste la Anje en su comunicado.
Para ANJE, es preocupante la situación que atraviesa el país respecto a la ola de casos de presunta corrupción sometidos ante la justicia, que incluyen ilícitos penales del tipo de uso de documentos falsos, lavado de activo, desfalco, entre otros. En este sentido, sobre el más reciente caso fallado por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Oller Bolaños señaló que “Un fallo “no ha lugar” que cierra las posibilidades de conocer en juicio de fondo de un caso de presunta corrupción, constituye un mensaje desalentador y de desconfianza, que resta credibilidad a un Poder Judicial debilitado ante los ojos de la población y niega a la ciudadanía la posibilidad de esclarecer la incertidumbre a la que este tipo de caso ha sometido”, expresóOller Bolaños, presidente de Anje.
La Asociación abogó porque la sociedad civil mantenga su rol vigilante ante los casos de presunta corrupción, al tiempo que solicitó al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, en ocasión al más reciente caso de sometido ante la justicia, a recurrir en casación la decisión de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, pues deben agotarse todas las vías legales correspondientes.
Periodista con más de 20 años de experiencia. Nacido en Santiago de los Caballeros y ha laborado en importantes medios de televisión, radio y prensa escrita del país.
Para ANJE, es preocupante la situación que atraviesa el país respecto a la ola de casos de presunta corrupción sometidos ante la justicia, que incluyen ilícitos penales del tipo de uso de documentos falsos, lavado de activo, desfalco, entre otros. En este sentido, sobre el más reciente caso fallado por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Oller Bolaños señaló que “Un fallo “no ha lugar” que cierra las posibilidades de conocer en juicio de fondo de un caso de presunta corrupción, constituye un mensaje desalentador y de desconfianza, que resta credibilidad a un Poder Judicial debilitado ante los ojos de la población y niega a la ciudadanía la posibilidad de esclarecer la incertidumbre a la que este tipo de caso ha sometido”, expresó Oller Bolaños, presidente de Anje.
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