SANTO DOMINGO.- El Fondo Monetario Internacional recomendó al Gobierno acelerar los avances en las reformas estructurales, eliminar el déficit del sector público no financiero en un periodo de tres años, reducir las exenciones impositivas, apretar los controles del gasto público y restringir las transferencias al sector eléctrico.
Así lo expresa el Directorio Ejecutivo del FMI en su evaluación sobre el Segundo Seguimiento Posterior al Programa con la República Dominicana, en cuyo documento se expresa que el organismo ve favorables los pasos recientes hacia la consolidación fiscal, pero está de acuerdo en que “pueden ser necesarias medidas adicionales para mitigar las vulnerabilidades derivadas de las grandes necesidades de financiamiento y para colocar la deuda pública en una trayectoria más sostenible”.
Se precisa que “los Directores aplaudieron el compromiso de las autoridades para continuar con el fortalecimiento de su marco de metas de inflación. Alentaron a las autoridades a establecer un mecanismo para intervenir en el mercado de divisas y a incrementar las reservas internacionales, aprovechando acontecimientos favorables en la balanza de pagos. Los Directores apreciaron la disposición de las autoridades a endurecer la política monetaria según sea necesario para lograr sus objetivos de inflación y externos”.
En el documento se indica que los Directores resaltaron la importancia para la credibilidad de la política monetaria de la recapitalización del Banco Central, en consonancia con la ley de 2007. Acogieron la intención de las autoridades de adoptar reformas de gobernanza para aumentar la independencia del banco comercial de propiedad estatal, fortalecer su capitalización y limitar su exposición ante el sector público.
El FMI respalda el compromiso de las autoridades con las reformas estructurales. Estuvieron de acuerdo en que la reforma del mercado laboral ayudaría a distribuir de manera más extensa los beneficios del crecimiento y alentaron a las autoridades a fomentar la competencia y el crecimiento mediante la reducción de las exenciones de impuestos y la eliminación de las distorsiones en el sistema tributario. Los Directores acogieron los planes de las autoridades para invertir en la generación eléctrica, siempre que no fuera en detrimento de las finanzas públicas. Además, ellos vieron espacio para fomentar la inversión privada en el sector eléctrico mediante reformas al marco regulador y para aumentar la eficiencia y reducir el costo presupuestario de las transferencias en electricidad, sobre todo permitiendo que las tarifas se ajusten en consonancia con los costos de la energía.
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