España da “un paso fundamental” por los derechos de las víctimas del franquismo

MADRID, España.- Un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU celebró la propuesta del Gobierno de España de crear una Comisión de la Verdad y llevar a cabo planes de búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. También recomiendan que se implique a las familias de las víctimas en las propuestas y se ofrecieron para colaborar en el proceso.

“Esta decision es fundamental para hacer realidad el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y también para cumplir con las medidas de reparación que son importantes”, explica Fabián Salvioli, uno de los tres relatores especiales que publicaron un comunicado conjunto este miércoles celebrando la iniciativa del Gobierno español.

La Ministra de Justicia de España anunció el pasado 10 de julio ante el Congreso de los Diputados una serie de medidas en el marco de su propuesta de revisión de la Ley de Memoria Histórica, que permitirá la creación de la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones ocurridas durante ese período de la historia española.

La revisión legislativa también incluye una propuesta de retirada de los símbolos de exaltación de la dictadura y la resignificación del Valle de los Caídos, erigido durante la dictadura franquista y en el cual se encuentran los restos de Franco.

Un llamado de muchos años

En 2014, el predecesor de Fabián Salvioli, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición pidió a las autoridades españolas atender de manera urgente las demandas de las víctimas en términos de la verdad, y establecer un mecanismo con ese propósito.

¨Nosotros sostenemos que falta implementar las recomendaciones que hicieron el Relator Especial en ese momento y el Comité sobre Desaparición Forzada, sobre todo la falta de avances en la investigación de las graves violaciones de derechos humanos. Para esto la creación de la Comisión de la Verdad es fundamental”, asegura Salvioli, agregando que ni siquiera los órganos jurisdiccionales españoles han impulsado investigaciones en este sentido y esto es “muy preocupante en términos” del cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado, mucho más por la edad avanzada de muchos testigos y familiares.

“Nos complace ver que las autoridades españolas decidieron dirigir sus esfuerzos a la realización de esta importante meta, colocando el derecho a la verdad en un lugar privilegiado de la agenda política”, expresa la declaración.

Los relatores resaltaron la importancia de los procesos de construcción y significación de la memoria histórica sobre violaciones de los derechos humanos, y recordaron que dichos procesos deben suceder en un marco de transparencia y participación de la sociedad civil,

centrarse en las víctimas y aportar el espacio necesario para exponer sus relatos, así como promover el pensamiento crítico sobre eventos pasados.

Búsqueda de los desaparecidos

La dirección general para la Memoria Histórica también se encargará de establecer planes de búsqueda de desaparecidos y hará públicos los datos de las exhumaciones, creando y manteniendo un censo de las víctimas.

“En lo que tiene que ver con la exhumación de cuerpos e identificación de personas desaparecidas, es algo que ha quedado librado hasta la actualidad por la buena voluntad de los propios familiares de las víctimas, lo cual naturalmente genera un problema”, resalta Salvioli.

En 2013, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias había criticado que no existiera un plan nacional para este cometido. En su comunicado, los relatores saludaron la intención del Gobierno de asumir su responsabilidad y ejercer un rol activo en la búsqueda de víctimas desaparecidas y lo instaron a adoptar inmediatamente las medidas legislativas, administrativas y financieras necesarias para ejercer efectivamente esta función. El tiempo para lograr esto es crítico, explica Salvioli.

“Lo que estamos instando es a hacerlo con mucha premura por la edad tan avanzada de familiares y testigos de esas personas y esperamos que el nuevo procedimiento tome al Estado haciéndose cargo decididamente de esta cuestión y que no delegue la responsabilidad de las exhumaciones a comunidades autónomas o a familiares de víctimas, sino que lo hagan directamente desde los órganos del estado como esto debe realizarse. También hay que permitir el acceso a los archivos, particularmente a los archivos militares”, resalta.

Los relatores dicen que esperan que todas las iniciativas anunciadas estén acompañadas por avances judiciales, que incluyan los procedimientos penales que se lleven a cabo en cualquier otro país por las desapariciones forzadas cometidas en España.

Finalmente, los expertos independientes alentaron al Gobierno a que involucre a las familias de las víctimas y sus asociaciones en la implementación de las propuestas.

“No hay ningún proceso de verdad y justicia que se lleve adelante sin participación de las víctimas, no darles participación es re victimizarlas”, asegura Fabíán Salvioli.

Hacia el futuro

El Relator Especial aseguró que, si bien la revisión legislativa es una iniciativa valiosa e importante, aún existen otras preocupaciones.

“Nosotros hemos manifestado nuestra preocupación por la no derogación de la Ley de Amnistía de 1977 que impide efectivamente investigaciones particularmente en torno a delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias cometidas durante la guerra civil y el franquismo¨, expresó.

Agregó que tanto él como sus colegas están disponibles para colaborar con el Estado español en estos procesos.

“Los procedimientos especiales tienen una fase de trabajo que tiene que ver con cooperación y asistencia técnica. Estamos dispuestos a cooperar y a brindar toda nuestra ayuda para que España cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales.”

Para los relatores, los esfuerzos por promover la verdad, la memoria y las garantías de no repetición son esenciales para la efectiva realización de los derechos humanos de las víctimas, y para fortalecer la confianza de los ciudadanos entre sí y en sus instituciones.