Empresarios urgen por la aprobación de la ley de partidos
DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), reiteró la urgente necesidad de que se conozca y sea aprobada en esta legislatura la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que se ha estado revisando en una Comisión Bicameral del Congreso Nacional.
El gremio recordó que esta Ley lleva más de 14 años de discusión y su promulgación debe realizarse con suficiente tiempo de antelación para que las actividades electorales cuenten con las condiciones y los recursos para adaptarse a las disposiciones de la nueva normativa de cara a las elecciones en el año 2020.
Pedro Brache, presidente del Conep, señaló que “los partidos políticos son la base para la estabilidad de nuestro sistema democrático,y tienen gran impacto en el desarrollo económico y social. Es por esto que nuevamente apelamos al liderazgo responsable y a los diferentes actores políticos para que materialicemos lo antes posible la promulgación de esta normativa, la cual debe estar acorde a las exigencias de estos tiempos”.
En tal sentido, el Conep realizó el “Foro Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas”, el pasado mes de junio, con el objetivo de analizar los puntos de vital importancia que se deben tomar en cuenta para garantizar una pieza legislativa que contemple una efectiva rendición de cuentas y transparencia en el uso y movilización de los fondos.
Brache manifestó que el tema del financiamiento es esencial que se tome en cuenta en la pieza legislativa, para “erradicar definitivamente la posibilidad de que recursos ilícitos puedan permear la actividad política. Propone también, establecer un sistema de financiamiento mixto con aportes públicos y privados, que establezca con transparencia los topes de los aportes y condiciones para el acceso”.
El Conep reitera su disposición en trabajar de la mano con todos los sectores enel fortalecimiento de la institucionalidad, así como impulsar todas las reformas y leyes necesarias para robustecer el sistema democrático y garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía en esta materia.
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