Empresarios de inversión extranjera apoyan Regulación de Extranjeros

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Inversión Extranjera destacó que los mecanismos adoptados para desarrollar el Plan de Regularización de Extranjeros, que establece la Ley 169-14 y el Decreto 327-13, se llevaron a cabo bajo un proceso transparente, legal, en cumplimiento con los principios que rigen el Debido Proceso y durante un plazo de tiempo razonable de 18 meses.

Patricia Bobea, directora ejecutiva de la ASIEX, habló por los empresarios de inversión extranjera cuando dijo: “Este plan nacional, enteramente costeado por el Gobierno dominicano, brindó la oportunidad a todos los extranjeros que residen en nuestro país de manera ilegal o indocumentada, de regularizar su estatus migratorio. Valoramos la efectividad y legalidad que caracterizó a este proceso”.

El 70% de la población en condición de ilegalidad o indocumentación, logró completar el proceso; aunque el llamado a regularización estuvo abierto para todos.

“Un país organizado en términos y controles migratorios, permite que los agentes económicos puedan identificar dónde se encuentran las mayores demandas de la población para canalizar mejor las inversiones. El resultado que arroja este Plan de Regularización da un mensaje positivo sobre el fortalecimiento de la institucionalidad dominicana, la seguridad jurídica en el país y el respeto por las leyes. Estas son garantías indispensables para el desarrollo de nuevas inversiones y crecimiento de las existentes”, agregó Bobea.

ASIEX asegura que mantiene expectativas positivas en que el Gobierno dominicano, conjuntamente con los sectores sociales y económicos, continuará desarrollando iniciativas, en coherencia con el fortalecimiento institucional, que favorezcan el buen clima de inversión  y el desarrollo socioeconómico del país.

SOBRE ASIEX

Es una organización sin fines de lucro que representa a 70 empresas de inversión extranjera en República Dominicana. Durante 29 años, ha velado por el respeto a la seguridad jurídica y el establecimiento de un Estado de Derecho apegado a la institucionalidad. Sus miembros cuentan con un portafolio de inversión en el país superior a los US$20,000 millones, y generan cientos de miles de empleos formales.