DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Poco a poco el presidente electo Luis Abinader se enfoca en la definición del gabinete que le acompañará a partir del 16 de agosto.
Prácticamente ha nombrado a sus principales colaboradores en el equipo económico, encabezado por Jochi Vicente, en el Ministerio de Hacienda; el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; Miguel Ceara Hatton, en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; José Rijo, director de Presupuesto; mientras que Lisandro Macarrulla y José Ignacio Paliza irán a los ministerios de la Presidencia y Administrativo de la Presidencia. Mientras que el asesor económico del Poder Ejecutivo será Pedro Silverio.
Sin embargo, la expectativa de la sociedad se ha centrado en la persona que designará Luis Abinader en la Procuraduría General de la República.
La demanda viene con el acompañamiento de que sea un funcionario que opere bajo el manto de la independencia y que también sea una persona sin matices partidarios, que pueda encausar a la Justicia a los incumbentes del Partido de la Liberación Dominicana y de la nueva gestión que se instale en agosto que hayan o incurran en actos de corrupción.
Ciertamente que el presidente electo debe ponderar bien al funcionario que encargará esta responsabilidad, en virtud de que la expectativa es muy alta en cuanto a la institucionalidad que se necesita en el país.
Es decir, que el nuevo procurador general de la República debe estar revestido de total idoneidad y prudencia necesarias para desempeñar su rol sin retaliación política y sin ruidos que alteren el correcto desenvolvimiento del tren judicial.
Se quiere, por demás, que los hechos detectados en cada institución del Estado hablen con las respectivas pruebas y que cualquier expediente que se instrumente ante los tribunales cuenten con el aval jurídico que garantice el éxito en una condena y que los responsables de los delitos puedan purgar sus condenas en las cárceles.
Lo prudente sería, incluso como ha favorecido el propio presidente electo, que pueda ser una persona sin ataduras políticas, que el compañerismo partidario impida cualquier actuación jurídico y así se afecte aún más la débil institucionalidad del país.
Sencillamente, la Procuraduría General de la República –aunque tenga un carácter político por ser designado por el Poder Ejecutivo- lo más sensato sería que su proceder se ajuste al marco de las leyes y de la Constitución, al margen de las implicaciones política-partidarias que pudiera acarrear para el Gobierno de turno.
La corrupción debe ser combatida bajo el mandato de las leyes y de la Constitución, nunca por revanchismo partidario o por presiones sectarias de la sociedad dominicana.
El presidente electo Luis Abinader tiene el compromiso de enviar un claro mensaje de que no permitirá que actos de corrupción manchen la próxima administración desde el inicio o al final de su gestión.
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