DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El Gobierno del presidente Donald Trump contempla excluir a República Dominicana del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica.
Así lo indica el periódico El Nuevo Herald en un amplio reportaje, cuyo texto es el siguiente:
Ahora que el gobierno del presidente Donald Trump negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), estudia expulsar a varios países del acuerdo paralelo, el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR).
Funcionarios federales están estudiando el acuerdo, firmado en el 2005 con seis naciones latinoamericanas, para determinar si pueden bloquear el acceso preferencial de Nicaragua, República Dominicana y El Salvador al mercado estadounidense sin afectar el resto del acuerdo.
“Estamos muy preocupados con el avance de Nicaragua hacia el autoritarismo, y los lazos cuestionables de República Dominicana y E Salvador”, dijo un funcionario. “Como Estados Unidos ha dejado en claro, no permitiremos que nuestros acuerdos comerciales, incluido el CAFTA-DR, se conviertan en una puerta trasera para beneficiar a economías que no respetan el mercado y son actores represivos en la región”.
Sacar a esos tres países del CAFTA, o el CAFTA-DR, como se le conoce mejor, no necesariamente les impediría vender sus productos en Estados Unidos, pero estarían sujetos a aranceles más elevados, que estaban en vigor antes del acuerdo, firmado en el 2005.
El hecho de que Estados Unidos esté poniendo la mira en ese acuerdo no es necesariamente una sorpresa. Desde que el presidente Trump anunció planes para renegociar el TLC de América del Norte, líderes de toda la región esperaban que en su momento el gobierno fijara su atención en otros acuerdos y aplicaría cambios similares. El TLCAN fue una especie de patrón para el resto de los 11 acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos y países latinoamericanos.
Nicaragua, El Salvador y la República Dominicana son países que recientemente se han visto en la mira de Trump.
El gobierno de Trump ha impuesto sanciones y presión política y económica en Nicaragua en momentos que el gobierno del presidente Daniel Ortega ha aumentado su poder autoritario.
Washington retiró sus embajadores de El Salvador y República Dominicana hace unos meses después que los dos países rompieron relaciones con Taiwán en busca de un acercamiento, un adversario comercial de Estados Unidos que Washington ha acusado de “actividad económica predatoria”.
Pero el CAFTA en realidad nunca fue un tratado de comercio.
Cuando el Congreso ratificó el acuerdo, el presidente George W. Bush dijo que era una vía para que Estados Unidos apoyara la democracia y las reformas económicas después de años de guerra civil e insurgencia comunista.
“Una parte del mundo que una vez se caracterizó por la agitación y la dictadura ahora ve su futuro en elecciones libres y libre comercio, y no podemos dar estos avances por definitivos”, dijo el entonces presidente George W. Bush. “Al transformar nuestro hemisferio en una poderosa zona de libre comercio, impulsaremos la gobernanza democrática, los derechos humanos y la libertad económica para todos”.
Eric Farnsworth, quien participó en las negociaciones del TLCAN como funcionario del representante comercial de Estados Unidos y posteriormente presionó a favor del CAFTA, dijo que es lógico que Estadios Unidos quiera determinar si Nicaragua debe seguir recibiendo acceso especial al mercado estadounidense después de “haberse salido del camino democrático”.
“El comercio es una herramienta, pero no es una panacea”, dijo Farnsworth, quien ahora es vicepresidente del Consejo de las Américas en Washington. “El asunto es: ¿está llevando el comercio a los resultados que buscamos o sencillamente es un salvavidas económico de una dictadura autoritaria? Eso es lo que tenemos que estudiar con cuidado”.
La preocupación con El Salvador y República Dominicana es si su pertenencia al CAFTA le ha dado a China una puerta de acceso al mercado de Estados Unidos.
El gobierno considera que el programa global de préstamos de China, la llamada Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Sede, como una trampa de endeudamiento que alimenta una mayor dependencia económica.
El gobierno ha enviado una señal clara con el nuevo TLCAN sobre sus intenciones sobre China. Uno de los elementos quizás más significativos, pero menos conocido, del nuevo Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, es una cláusula que permite a Estados Unidos retirarse del tratado si alguno de los países decide firmar un acuerdo de comercio separado con algún país que no tenga una economía de mercado, visto en lo fundamental como una advertencia a que no firmen acuerdos separados de comercio con China.
“No es una conexión formal en el sentido de lo que suceda en el TLCAN tiene relación con ello, pero es el mismo impulso”, dijo Eric Miller, asesor de comercio que ha trabajado con el gobierno canadiense y sigue asesorándolo sobre las negociaciones. “Lo que es fundamental es que a Estados Unidos le preocupa el aumento de la influencia china en la región, y estudia todos los instrumentos a su disposición para contrarrestar esa influencia”.
Al gobierno estadounidense todavía le quedan muchas discusiones difíciles por delante. Las autoridades tienen que encontrar mecanismos para sacar a Nicaragua y República Dominicana del acuerdo, porque no hay una cláusula específica en el acuerdo.
“Nadie pudo imaginar que iba a pasar esto”, dijo José Cárdenas, quien integró el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno del presidente George W. Bush y se comunica regularmente con funcionarios del gobierno de Trump.
Miller no ve ningún mecanismo fácil para sacar a los tres países pero dijo que se puede lograr. Una forma, afirmó, es que los suspendan sobre la base de preocupaciones de seguridad nacional.
“La seguridad nacional es la nueva justificación favorita de esta administración para hacer frente a cualquier cosa en América Latina”, dijo Miller.
Cárdenas dijo que el gobierno tiene que tener cuidado de que los cambios no afecten a los ciudadanos a los que quieren proteger.
“Es la decisión más difícil de tomar”, afirmó. “Cómo responder a la situación en Nicaragua sin afectar la vida de la gente de a pie. Pero no se puede dejar pasar”.
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