El debido proceso/Franklin Puello
DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Luego de todo el aparataje para el apresamiento de diez de los 14 acusados de recibir sobornos por parte de la empresa Odebrecht, ahora compete al Ministerio Público presentar las pruebas sobre los hechos que se imputan y la instancia judicial tendrá que propiciar la debida defensa.
La honra de los detenidos ha sido puesta en entredicho, pero cada quien tendrá el escenario para defenderse y demostrar que “no es ladrón ni corrupto”, como firmemente advirtió el expresidente de la Cámara de Diputados y actual legislador Alfredo Pacheco.
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, está obligado a presentar “expedientes sólidos” contra los funcionarios y exfuncionarios que se responsabilizan de recibir 92 millones de dólares en sobornos.
Hay sorpresas entre los nombres de esos arrestados. Nadie pudo imaginarse que figuras prominentes de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno figuraran en un expediente de tal envergadura, que ha afectado los cimientos de República Dominicana y otros once países.
El debido proceso debe ser garantizado al margen de cualquier matiz político o particular.
En el escenario de la Suprema Corte de Justicia habrá que ponderarse cada prueba o constancia de los delitos que alega el Ministerio Público sustentan los apresamientos, con un desconsiderado aparataje con agentes especiales de organismos de seguridad.
La ciudadanía esperaba que se revelaran nombres de los favorecidos con los sobornos de Odebrecht. Ahora se necesita que se respeten los derechos de los arrestados y que se les permita la oportunidad de defenderse sin ninguna atadura procesal ni política.
De esos detenidos habrá –casi estamos seguros- algunos que quizás no tengan ningún vínculo con el pago y recepción de sobornos. Pero, ¿quién resarce la honra manchada?
La Suprema Corte de Justicia, en la representación del juez de instrucción especial Francisco Ortega, tiene el mérito legal de evaluar y clasificar todos los expedientes de cada imputado y determinar si ciertamente hay consistencia legal para que todos o algunos de los acusados por la Procuraduría General tengan que responder ante los tribunales por los hechos atribuidos.
Solo hay que esperar el desenvolvimiento de los acontecimientos, ya que la película se torna interesante.
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