SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El país está inmerso en el debate sobre el Código Penal recién aprobado por el Congreso Nacional.
En esa pieza se penaliza la práctica del aborto sin ninguna excepción. El debate persiste entre los grupos religiosos y los sectores feministas sobre la mejor forma de garantizar la dignidad de la mujer y la integridad de la vida.
Los religiosos persisten en su tesis sobre el derecho a la vida sin importar las circunstancias de la criatura que tengan la mujer en su vientre.
Los feministas plantean el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo en circunstancias especiales.
Ciertamente que el debate es complejo y conflicto. El presidente Danilo Medina ha vuelto a observar el Código Penal por segunda vez, ya que tiene la convicción de que existen excepciones que deben contempladas en esa legislación.
La violación sexual o incesto son casos que merecen un análisis profundo para su aplicación en el país si se permite el uso en estos hechos.
¿Por qué obliga a una mujer a tener un hijo en caso de ser víctima de una violación sexual?
¿O cuándo peligre su vida en un embarazo complicado? ¿Por qué no interrumpir el embarazo en fetos con malformaciones o la vida sea inviable?
Son circunstancias que la sociedad dominicana debe analizar y llegarse a un punto de equilibrio y de entendimiento.
En la legislación debe estipularse una norma que permita a los especialistas actuar en el marco de la ley cuando peligre la vida de la mujer o de la criatura.
No se puede condenar a una mujer a cargar con el peso de un embarazo cuando fue objeto de una violación; sin embargo, las autoridades no deberían ser tan permisivas para que la práctica del aborto sea algo generalizado y al margen de los cánones religiosos y legales.
La sociedad tiene que madurar en el enfoque de esta realidad.
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