Editorial: Válidas preocupantes/Autor: Franklin Puello

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- No es nueva y ni lo será nunca la desconfianza que prevalece en el país sobre la judicatura.

Los escándalos de irregularidades en la aplicación de la Justicia saltan cada cierto tiempo.

Las instancias judiciales son incapaces de castigar los casos sonoros de corrupción, lo que fomenta la impunidad e impide que el brazo de la ley alcance a los delincuentes de “cuello blanco”.

En el más reciente informe sobre los Derechos Humanos en el mundo, remitido al Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado cuestiona el papel de la Justicia dominicana ante los casos de corrupción.

El descrédito matiza a ciertos estamentos del Poder Judicial, comenzando desde la Suprema Corte de Justicia, donde fueron designados personas allegadas a ciertas esperas partidarias.

Por citar solo los casos del senador Félix Bautista y de Víctor Díaz Rúa, a quienes el Poder Judicial ha favorecido con fallos que han sido y serán cuestionables siempre por diferentes segmentos de la población, tras ser acusados por hechos de corrupción.

La situación llegó a tal extremo que la Suprema Corte ató de manos a la Fiscalía del Distrito Nacional para que cesara una persecución contra Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y hombre de confianza del expresidente Leonel Fernández.

Nadie puede sorprender de las críticas que puedan provenir desde Estados Unidos contra la Justicia.

El sistema judicial dominicana adolece de falta de confianza y de credibilidad.

Los jueces son solo ciegos cuando nadie poderoso o de determinada parcela partidaria no aparece en algún expediente.

Otro caso que ha desatado el repudio colectivo fue el fallo de tres jueces de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo que decidieron anular una sentencia que condenaba al empresario Winston Rizik a diez años al acusado de narcotráfico y lavado de activos. Y se podrían mencionar miles y miles que ponen en evidencia que la Justicia dominicana vive un proceso involutivo hacia su total descomposición y transparencia.

“El Poder Judicial desestimó de forma rutinaria los casos de corrupción de alto nivel durante cinco años del presidente Medina en el cargo. La corrupción del Poder Judicial era también un problema grave”, se dice en el informe enviado por el Departamento de Estado al Congreso.

Una verdad conocida por toda la población ciudadana. Y ciertamente que el problema es grave, muy grave.

Informe del Departamento de Estado de EE.UU. critica decisión de jueces dominicanos sobre casos de corrupción

El Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló este viernes en su informe anual en materia de Derechos Humanos relativo al año 2016, que “el problema más grave de derechos humanos era una discriminación generalizada contra los migrantes haitianos y sus descendientes” y además criticó la decisión de la justicia dominicana en torno a los casos de corrupción.

En materia de corrupción, indica que el gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero no hubo informes generalizados de la impunidad y la corrupción oficial, especialmente en relación con los funcionarios de rango superior.

Y que “el poder judicial desestimó de forma rutinaria los casos de corrupción de alto nivel durante cinco años del presidente Medina en el cargo. La corrupción del poder judicial era también un problema grave”.

Sobre la discriminación, el informe se retrae a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2013, la que dejaba claro las bases de la nacionalidad dominicana.

Otros problemas de derechos humanos que el informe señala sobre la República Dominicana son “los homicidios extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, las condiciones de hacinamiento en las cárceles y peligrosamente deficientes, arresto y detención arbitrarias, la detención preventiva prolongada, débil estado de derecho, y la impunidad de la corrupción. También hubo informes de violencia crónica contra la mujer, incluida la violencia doméstica, la violación, y el feminicidio; trata de personas; la discriminación contra las personas por su orientación sexual o identidad de género; y la aplicación inadecuada de la legislación laboral”.

La República Dominicana es una democracia constitucional representativa. En mayo los votantes eligieron a Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como presidente para un segundo mandato de cuatro años. los observadores externos imparciales evalúan las elecciones de libres y ordenada a pesar de los fracasos en la implantación de un nuevo sistema de votación electrónica.