SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Al recibir el certificado que lo acredita como Mandatario electo para otros cuatro años, a partir del próximo 16 de agosto, el presidente Danilo Medina ha vuelto a manifestar su compromiso para que la aprobación de la ley de partidos sea un hecho y así se fortalezca la democracia.
Esta iniciativa data de más de diez años en el Congreso Nacional, con pronunciamientos nuevos de vez en cuando de que esta legislación será aprobada mediante un amplio consenso, pero siempre existen trabas que impiden que el país pueda contar con las regulaciones de los partidos políticos.
En la ley de partidos existen normas a las que los partidos no quieren estar sujetos. Por ejemplo, que la Junta Central Electoral supervise y organice sus procesos internos en cuanto a la escogencia de sus autoridades y de los candidatos que propondrán en procesos electorales, así como en lo que tiene que ver con el financiamiento y los gastos de la campaña.
Es un clamor colectivo que el actual o el Congreso que se instale el 16 de agosto tengan bien definido y decisivo interés de toda la nación en torno a la ley de partidos.
El presidente Danilo Medina, sin embargo, no sólo debe comprometerse con impulsar esta legislación, sino que debe enviar una señal clara de que el Partido de la Liberación Dominicana está muy interesado en fortalecer la democracia.
Nuevamente el gobernante, en su condición de líder del país y una figura importante del PLD, debe entender la responsabilidad que asume cuando ante el país ha reiterado la necesidad de que el país urge por regulaciones en el ámbito político.
Las elecciones presidenciales, congresionales y municipales del 15 de mayo pasado evidenciaron las irregularidades que se incurren en un proceso comicial, violándose los derechos de candidatos y de hasta de la ciudadanía, con una franca burla de la voluntad popular.
La discusión a favor de la ley de partidos debe implicar, por igual, un amplio consenso para la reestructuración de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, ya que sus actuales miembros no concitan la menor credibilidad para retener esos puestos, en virtud de que las irregularidades de las elecciones de mayo restan méritos a esos funcionarios para arbitrar otro proceso.
El diálogo y la prudencia debe imponerse con una concertación entre los partidos y la sociedad civil, por el bien de la democracia dominicana.
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