SANTO DOMINGO, República Dominicana.- No son nuevas, y nunca serán viejas, las denuncias de corrupción y prevaricación en la Justicia.
Las aprehensiones siempre han existido en torno al desempeño de las labores de los jueces, principalmente en sonados casos de corrupción en el administración pública, narcotráfico y lavado de activos.
A veces pocos dominicanos se explican las razones que tendrían algunos magistrados para favorecer a acusados de hechos graves con tanta facilidad e impunidad, muchas veces lesionando la conciencia nacional.
El escándalo surgido ahora por la alegada existencia de una estructura “mafiosa” enquistada en el Poder Ejecutivo, que facilitaba sentencias benignas a implicados en hechos de connotación, permite que la sociedad dominicana pueda girar la mirada hacia el Poder Judicial y reclamar el debido adecentamiento para que personas de probada solvencia moral y profesional puedan ser designadas en el tren judicial, al margen de los intereses políticos.
La misma Suprema Corte de Justicia actual responde al esquema político que siempre ha permitido que los magistrados de esa alta instancia puedan hoy ejercer sus funciones, sin la alta credibilidad que esa responsabilidad conlleva para el fortalecimiento institucional del país y también la seguridad jurídica y el sistema democrático.
El descargo del senador Félix Bautista de un expediente sobre alegados actos de corrupción cuando ejerció la dirección de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, desnudó la poca independencia de la Suprema Corte de Justicia como órgano sancionador de los hechos lesivos a la conciencia nacional.
El descrédito ahora permea todo el sistema judicial dominicano, independientemente que los jueces suspendidos José Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón, Awilda Reyes Beltré y Delio Germán Figueroa, sean sancionados o no, con su separación del tren judicial o sometidos a un juicio penal, como ha advertido el procurador general de la República Dominicana, Francisco Domínguez Brito.
El caso conlleva a un replanteamiento de toda la judicatura, procurando que el poder político debe sus influencias en la designación de los magistrados y en las decisiones definitivas en los tribunales. Sólo así podría lograrse la aspiración de siempre que ha prevalecido entre los dominicanos, de que ciertamente la Justicia deje ser la Cenicienta y que los violadores del orden jurídico e institucional tendrán que respondan en los canales correspondientes establecidos en la Constitución. Y que aquellos que se determine alguna responsabilidad social, moral y penal, pues debe purgar en las cárceles, sin importar apellidos, jerarquía social ni cercanía política.
Los casos del senador Félix Bautista, favorecido con un No Ha Lugar emitido por tres de cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia, y el escándalo reciente de cinco jueces por alegada prevaricación en sus funciones, obligan una reflexión seria y urgente sobre del deterioro que adolece la Justicia. Lo que, sin duda, podría ser peligro para el sostenimiento institucional, jurídico y hasta democrático del país.
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