SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En principio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, quiso deslucir la lucha de los jueces por el cumplimiento de la asignación del 2.66 por ciento que por ley corresponde a esa instancia del Estado.
Posteriormente, vino aclaración en torno a que la Suprema no aprobara el método de la lucha y la protesta para llamar la atención del Poder Ejecutivo, lo que debe materializar por las vías instancionales.
Sin embargo, recientes declaraciones de Germán justifican, entonces, la lucha y las preocupaciones de los jueces por la estrechez financiera en la que opera todo el aparato judicial.
“Es penosa la carencia que tenemos y las condiciones en que operan muchos tribunales por falta de recursos”, dijo el funcionario en una reunión con directores de medios de comunicación. Entonces, los jueces tienen total razón al protestar y movilizarse para que haya un mayor flujo de fondos para garantizar su eficiencia en el cumplimiento de la responsabilidad del Poder Judicial como salvaguarda de la seguridad jurídica en el país.
¿Cómo se explica –por parte de la Suprema- que haya 98 tribunales creados por ley que no se han puesto en operación desde hace varios años por falta de recursos? Así, de manera clara, lo reveló el presidente de ese órgano del Estado.
Conocida esta preocupación de Germán, entonces es válida la preocupación de los magistrados de todo el país para que se cumpla lo que establece la Ley 194-00 que otorga el 2.66 por ciento de los ingresos del Estado al Poder Judicial. Esta falta por parte del Poder Ejecutivo fue criticada por el presidente de la Suprema en el conversatorio con los ejecutivos de medios.
Por la falta de recursos, según lo afirmado por Germán, la Suprema ha tenido que abrir tribunales en furgones, mientras que han tenido que alquilar 133 locales para instalar otros.
Estas declaraciones del presidente del Consejo del Poder Judicial desnuda la carencia de presupuesto y la urgencia por parte del Estado para suplir las necesidades básicas, dentro del marco del rescate institucional del Poder Judicial, que merece con total urgencia el rescate de su credibilidad y confianza por parte de la ciudadanía.
La Justicia, como parte de la estructura del Estado, no debe mendigar la atención establecida constitucionalmente para velar por la estabilidad democrática, institucional y jurídica.
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