SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Ciertamente que amplios sectores de la sociedad desconfían totalmente de los actuales miembros de la Junta Central Electoral y de los jueces del Tribunal Superior Electoral.
Sus actuaciones han creado un clima de incertidumbre que obliga al liderazgo nacional a debatir seriamente sobre su destitución.
Estos órganos son vistos como tribunas parcializadas de un determinado sector político, cuando sus deliberaciones y sus directrices deben ir encaminadas a garantizar la institucionalidad y fortalecer la democracia.
El mal de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral viene desde su misma conformación. Estos integrantes fueron escogidos con un matiz político que los rodea de total desconfianza.
Las irregularidades que han matizado las elecciones del pasado 15 de mayo retrotraen al país a la etapa de 1994, cuando el Partido Revolucionario Dominicano fue objeto de un vulgar fraude para impedir que el fenecido líder de esa organización José Francisco Peña Gómez llegara a la Presidencia de la nación. Un conjunto de maniobras fraudulentas caracterizaron ese certamen y que el país fue sometido a una crisis política que llamó la atención internacional.
En los comicios de 2016 hubo irregularidades que ilegitiman sus resultados en los niveles congresuales y municipales. La Junta no ha actuado dentro del contexto de las circunstancias, por lo que hay tantos candidatos a cargos electivos de los diferentes partidos que han denunciado haber sido objeto de una alteración en sus votos para favorecer a otros aspirantes de algunas organizaciones.
Es decir, nadie cree en los resultados de la Junta y se denuncia despojo de candidaturas de manera vulgar.
El caso del Tribunal Superior Electoral se enrumba por el mismo camino de la Junta. Sus decisiones han desatado diversos cuestionamientos, hasta el punto que son sindicatos como parcializadas de acuerdo al color de un determinado partido. Tampoco sus jueces han despertado la credibilidad para que la población pueda acoger con buena fe sus dictamenes.
En el marco de este contexto, lo recomendable es que el liderazgo político decida de manera firme destituir a esos integrantes y elegir a personas con mayor idoneidad y pureza para rescatar la credibilidad perdida por los funestos resultados arrojados por las elecciones del pasado 15 de mayo.
Inclusive, el sistema democrático se fortalecería si los miembros de la JCE y del TSE abandona sus cargos.
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