SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La llegada del narcotraficante Ramón del Rosario Puente (Toño Leña) ha puesto sobre el debate el tema de la extradición y las propiedades incautadas a los narcotraficantes que cumplen condenas en cárceles de Estados Unidos.
Hace varios meses que las autoridades de República Dominicanas y de Estados Unidos habían revelado que estaban en negociaciones bien avanzadas para la modificación del Tratado de Extradición que data de 1909. Sin embargo, nada nuevo se ha ofrecido sobre estas negociaciones y los fines que se persiguen.
El Ministerio Público, por medio de laProcuraduría General de la República impulsa en el Congreso Nacional la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, que no sería otra cosa que el instrumento legal en que se ampararían las autoridades dominicanas para evitar que narcotraficantes extraditados puedan retornar y reclamen sus bienes, como se estila ahora.
La verdad que el país urge por un mecanismo jurídico que garantice que los narcotraficantes que hacen tanto daño a la sociedad dominicana también puedan purgar sus condenas en nuestras cárceles y posteriormente, entonces, ser extraditados ante la Justicia de Estados Unidos. Sencillamente, actualmente la extradición ha sido utilizada como una descarga de responsabilidades por parte del Gobierno del país, mientras se acumula el problema de que esos narcotraficantes retornan y hay que devolverles sus bienes, como si nada han hecho.
Mucha certeza tiene el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Fidias Aristy, cuando advierte que la extradición de dominicanos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado hacia Estados Unidos se ha convertido en un elemento punitivo, que ya no es temido por quienes cumplan las condenas, en virtud de que solo cumplen la mitad de las penas y luego son deportados a República Dominicana.
“La extradición en realidad se ha convertido en un elemento de satisfacción para la delincuencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado, ha dejado de ser temida”, ha precisado el funcionario.
Y toda la sociedad dominicana tiene pleno conocimiento de esa situación. Por tanto, se necesita que el Congreso y las autoridades del tren judicial definan un instrumento idóneo que evitar que esos narcotraficantes recuperen sus propiedades con tanta facilidad, sin importar el daño que han ocasionado a la sociedad.
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