SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Nuevamente el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, ha colocado al pleno de ese organismo en otro escenario desagrable.
El primero fue con el invento de que más de 3 mil técnicos auxiliares habían renunciado a sus servicios pocas horas antes de la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del pasado 15 de mayo. ¿Quién creyó ese cuento?, es la pregunta obligada.
Ahora Rosario se ha destapado con la denuncia de que los comicios estuvieron en peligro por sectores “creativos”, que intentaron un boicot para que el proceso fuera anulado a las tres de la tarde de ese domingo.
A parte de estos dos temas, Rosario debe una explicación al país del “tollo” organizativo que fueron las elecciones. Debe explicar la inversión que hizo la Junta Central Electoral en la compra de los equipos utilizados para las votaciones y el escrutinio electrónico.
La Junta Central Electoral, de manera institucional, tiene que ofrecer todas las explicaciones al país sobre lo que se maneja en ese organismo. No es posible que al menos dos miembros de la Junta desconocieran la supuesta renuncia de los auxiliares técnicos que prestarían asistencia en los colegios electorales y, muchos menos, sabían sobre la presunta trama develada ahora por Rosario, quien pretender venderse como el salvador de ese proceso y salvaguarda de la institucionalidad.
Nadie cree en los supuestos informes de inteligencia de los que dispone el presidente de la JCE. ¿Cómo se puede dar crédito a ese detalle cuando los miembros titulares del organismo rector de las elecciones tenían informes fidedignos?
Muchos nubarrones entorpecieron la diafanidad de las elecciones del 15 de mayo, siendo primero la desconfianza que los actos políticos y parte de la sociedad dominicana tienen sobre los actuales miembros electorales. De ahí el amplio clamor para que abandonen esos cargos y se designen personas con mayor credibilidad pública.
Las irregularidades denunciadas por partidos de oposición y otros sectores del país urgen por explicaciones claras de parte de la Junta, principalmente de Rosario. También se necesita que los dominicanos conozcan la identidad de las personas o sectores que maniobran para entorpecer la institucionalidad democrática con un boicot de las elecciones, en caso de ser cierta la fábula del presidente de la Junta.
Mientras tanto, el país está sumergido en un monto de incertidumbre sobre lo acontecido en el proceso electoral. Los proclamados con los resultados poco creíbles de la JCE no gozan de la legalidad necesaria, porque el proceso estuvo matizado por irregularidades graves que afectan su pulcritud.
No hay dudas, que el país ha retrocedido por causa del desorden “organizado” que defiende Roberto Rosario.
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