Editorial: Contra impunidad y corrupción/Autor: Franklin Puello

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Fortalece a un sistema democrática, en el que se respeten las leyes y sus normas, que sus ciudadanos se manifiesten dentro del marco institucional.

Esta facultad constitucional vienen haciendo organizaciones sociales para llamar la atención de las instancias de poder para que exista una actitud más proactiva contra el dolo y el mal uso de los fondos públicos en cualquier administración.

Los casos de la constructora Odebrecht, la compra de los ocho aviones Súper Tucano y los cuestionamientos a las dos plantas a carbón en Punta Catalina, en el municipio de Baní, provincia Peravia, obligan a que seriamente las autoridades opten por establecer mecanismos de mayor transparencia, al margen de cualquier matiz político.

La marcha organizada el pasado domingo por diferentes vías del Distrito Nacional hasta concluir con una concentración en el Parque Independencia debe ser objeto de una ponderación positiva, ya que los participación y muchos ciudadanos que no acudieron, pero que la apoyaban, han dejado sentada la necesidad de que ninguna persona -no importa nombre ni jerarquía- puede ni debe situarse por encima de las leyes.

El contenido fundamental de esa protesta radica en esa esencia de la Constitución. Todos los dominicanos tenemos los mismos derechos y deberes, y quienes quebranten los cánones legales deben asumir sus responsabilidades ante los tribunales.

Los sobornos de Odebrecht y de los aviones Súper Tucano ofrecen el escenario más idóneo para que el país comience a fortalecer sus normas constitucionales y se defina claramente una voluntad política sobre la persecución de la corrupción y el cese de la impunidad.

El mensaje es claro.