Editorial: Compromiso del Procurador/Autor: Franklin Puello
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Mucha expectativa generó el viaje del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, para participar en una reunión de fiscales de varios países que fueron los sobornos de la constructora Odebrecht. La invitación vino del Ministerio de Justicia de Brasil, principalmente afectado por las maniobras de la compañía.
El compromiso asumido fue luchar en conjunto y con acciones coordinadas para que los países puedan ser resarcidos y también existan sanciones.
En Perú, Ecuador, Venezuela y otras naciones se han conocido persecuciones contra los posibles implicados en los sobornos de Odebrecht. Cuentas y bienes han sido embargados, además de involucrados se encuentran en prisión.
En República Dominicana, sin embargo, las investigaciones se mantienen en una fase secreta y el único logro conocido es la indemnización por 184 millones de dólares que pagará la empresa al Estado.
Los interrogatorios a figuras conocidas y cuyos nombres han salido a relucir en las investigaciones, es el secreto mejor guardado.
En la población persiste el escepticismo sobre las acciones que pueda emprender el procurador general, pese a que ha asumido la responsabilidad pública de que no habrá impunidad y el camino final será la cárcel para los sobornados.
Sin embargo, conjuntamente con la homologación del acuerdo para la indemnización sometida ante el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro
Vargas, la Procuraduría General de la República plantea la extinción penal contra Odebrecht y sus principales ejecutivos. Es decir, el principal responsable de los sobornos que se investigan no podrá responder ante los tribunales. ¡Vaya contradicción! ¿A quién entonces se perseguirá e iban a prisión?
La ciudadanía aguarda por un desenlace satisfactoria por parte del Ministerio Público y de los tribunales, ya que los sobornos de Odebrecht constituye el escándalo de mayor envergadura en materia de corrupción, y no es posible que en los demás países se encausen a los responsables de este delito, y en República Dominicana pueda prevalecer la impunidad.
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